El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó este jueves dos amplias leyes que endurecen las condiciones de la migración irregular y facilitan en este estado la aplicación de la agenda de deportaciones masivas del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Los proyectos establecen penas más severas para los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, requisitos de aplicación más estrictos para los funcionarios locales y cambios en el controvertido programa estatal de transporte de migrantes (el gobernador ya no tendrá poder unilateral para autorizarlos).
Uno de los aspectos controvertidos que forman parte de las leyes firmadas hoy tiene que ver con el establecimiento automático de la pena de muerte para los indocumentados que sean declarados culpables de un delito capital, tales como asesinato o abuso sexual de un niño.
De acuerdo a algunos expertos, este aspecto seguramente enfrentará querellas legales, debido a que, como apuntaron algunos legisladores demócratas en el pleno de ambas cámaras, la Corte Suprema de EE.UU. dictaminó décadas atrás que las «sentencias obligatorias» y sin discreción del jurado eran inconstitucionales.
La Junta Estatal de Control de Migración en Florida
Las leyes, aprobadas hoy en el marco de una sesión extraordinaria del Legislativo estatal, contempla igualmente la creación de una Junta Estatal de Control de Inmigración, que estará compuesta por el gobernador, el comisionado de agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado.
Esta junta coordinará acciones legales y de seguridad con agencias federales y dispondrá de un fondo de 250 millones de dólares para distribuir entre las fuerzas de seguridad locales que ayuden a los esfuerzos federales en este campo, en aras de estimular la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Los textos fijan la creación de nuevos delitos estatales por entrada o reingreso ilegal a Florida, elevando la conducción sin licencia a un delito grave para inmigrantes indocumentados.
