Una delegación de magistrados franceses interrogará oficialmente a partir de este lunes al expresidente fugitivo de Renault-Nissan Carlos Ghosn en Beirut en concepto de testigo en las investigaciones abiertas en Francia, en particular por malversación de bienes sociales.
El exempresario franco-libanés-brasileño, objeto de una orden de detención de Interpol, vive en Líbano desde que huyó de Japón en diciembre de 2019.
Durante cinco días, Ghosn prestará declaración sobre dos fiestas en el Palacio de Versalles, flujos financieros con un distribuidor comercial en Omán, así como servicios de consultoría cuando era presidente ejecutivo del grupo automovilístico Renault-Nissan.
“La defensa ya ha identificado en los dosieres franceses varias irregularidades procesales que considera graves”, denuncian los tres abogados de Ghosn.
“Estas anomalías, que debilitan el proceso judicial, provienen de los métodos singulares de la investigación japonesa que sigue siendo la principal fuente de los expedientes franceses”, añaden.
El exmagnate del automóvil, de 67 años, presta declaración “como testigo, no tiene por tanto posibilidad de impugnar la legalidad del procedimiento”, explican.
Los tres abogados piden que pase de testigo a encausado para poder “denunciar los vicios legales que afectan al caso y realizar vistas judiciales”. De este modo podría tener acceso al dosier para conocer los cargos de los que se le acusa, pero sobre todo para pedir peritajes de comprobación, audiencias de testigos o confrontaciones.
Mientras Ghosn no esté en territorio francés no podrá ser imputado.
Fue detenido en noviembre de 2018 en el aeropuerto de Tokio y quedó libre bajo fianza después de varios meses de detención con la obligación de permanecer en el archipiélago hasta su juicio por sospechas de malversación financiera en Nissan.
Pero él burló la vigilancia de las autoridades japonesas y huyó en un avión privado, al parecer escondido en una caja de material de audio. Él niega haber “huido de la justicia” y dice que quiso “escapar de la injusticia”, de lo que considera un “complot” de las autoridades japonesas contra él.
Esta situación no ha facilitado el trabajo de los investigadores franceses que le interrogarán por sospechas de apropiación indebida de bienes sociales.
En 2020 un juez quiso interrogarlo pero Ghosn alegó que no podía salir del Líbano. Entonces los magistrados decidieron desplazarse para tomarle declaración en enero pasado pero se aplazó debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.
Varias demandas
Le tomarán declaración hasta el viernes en presencia de investigadores de la Oficina Anticorrupción (OCLCIFF) y de magistrados libaneses, como parte de la asistencia judicial internacional en materia penal.
La justicia sospecha que Carlos Ghosn se benefició personalmente de un acuerdo de mecenazgo entre Renault y el establecimiento que gestiona el Palacio de Versalles, organizando dos veladas. Los investigadores también se interesan por millones de euros en pagos considerados sospechosos entre RNBV, una filial de Renault y Nissan en Holanda, y el distribuidor del fabricante de automóviles francés en Omán, Suhail Bahwan Automobiles (SBA).
Además el 18 de mayo una accionista de Renault presentó una demanda que acusa a Carlos Ghosn de haber hecho pagar al grupo automovilístico “sumas sustanciales” a RNBV sin “el conocimiento de los accionistas”.
A raíz de otra demanda de la misma accionista los jueces de instrucción investigan desde 2019 los servicios de consultoría concluidos entre RNBV y la exministra francesa de Justicia Rachida Dati y el criminólogo Alain Bauer.
