El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue considerado este jueves culpable de financiación ilegal de su campaña de 2012, siete meses después de haber sido condenado por corrupción y tráfico de influencias. Esta vez, la pena fue de un año de prisión, aunque el político aún puede apelar.
El Tribunal consideró que el jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 se benefició de un sistema de doble contabilidad puesto en marcha para poder superar los límites de gasto impuestos por la ley de su país.
Este nuevo revés judicial se produce siete meses después de que Sarkozy fuera condenado en primera instancia a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario, por corrupción y tráfico de influencias.
La Fiscalía pedía una pena de un año de prisión para el expresidente de 66 años. En cualquier caso, es poco probable que vaya a la cárcel inmediatamente, ya que se espera que recurra a una instancia superior para la apelación.
Su partido conservador, según la Fiscalía, gastó casi el doble de los 22,5 millones de euros (actualmente 19,2 millones de dólares) permitidos por la ley electoral en mítines de campaña y luego contrató a una agencia de relaciones públicas para ocultar el coste.
Sarkozy ha negado haber cometido ningún delito. Dijo al tribunal en junio que no había participado en la logística de su campaña para un segundo mandato como presidente ni en la forma en que se gastó el dinero durante la campaña electoral.
La jueza Caroline Viguier aseguró que “Sarkozy conocía el montante legal del tope de gasto” y agregó que “fue advertido por escrito del riesgo de superarlo a través de dos notas”, según informó el diario francés Le Monde.
“No era su primera campaña y tenía conocimiento de las normas de derecho”, manifestó la jueza, quien apuntó que, pese a todo ello, “Sarkozy siguió manteniendo encuentros en las mismas condiciones que hasta entonces”.
En este sentido, ha hecho hincapié en que “Sarkozy conocía las cuentas de su campaña” y añadió que el gasto superó el límite por más de 16,2 millones de euros (18,8 millones de dólares). “El tribunal considera que el techo fue superado a partir del 18º encuentro, el del 31 de marzo de 2012. A partir de esa fecha, cada acto supuso una infracción”, ha valorado.
