Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron este viernes prorrogar durante dos años más el trabajo de la misión internacional independiente para Venezuela, que en sus informes acusó al régimen de Nicolás Maduro de graves abusos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad.
La resolución que incluía esta prórroga fue aprobada por 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones en la última jornada de la 57ª sesión del Consejo. Hace dos años, se había renovado con 19 votos. El crecimiento evidencia la gravedad de la situación en el país caribeño.
La misión, creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuya labor es investigar violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y la completan los expertos Francisco Cox, de Chile; y Patricia Tappatá, de Argentina.
El mes pasado, al presentar en Ginebra el último informe elaborado por su equipo, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, indicó: “Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado (…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”.
Entre los hechos y conclusiones que resaltó es que la actual crisis que vive Venezuela “es la peor de la historia reciente” y que se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Para los miembros de la Misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.
El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.
Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.
Durante julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que las acusaban de terrorismo e incitación al odio. Según la Misión, entre éstos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades.
“La Misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora”, dijo Cox, quien insistió en el clima de terror que vive la población.
