El cacique Raoni Metuktire, emblemático defensor de la Amazonía, pidió a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue por “crímenes contra la humanidad” al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por “perseguir” a los indígenas, destruir su hábitat e ignorar sus derechos.
La denuncia, la segunda presentada contra el mandatario ultraderechista desde julio ante este organismo con sede en La Haya, asegura que desde su llegada al poder en enero de 2019 “la destrucción de la selva amazónica se ha acelerado sin medida”.
“La destrucción de la selva amazónica”, que es indispensable para regular el clima, sería “un peligro directo no solo para los brasileños, sino también para toda la humanidad”, subraya el texto publicado este sábado por el diario francés Le Monde y que pudo consultar la AFP.
Esta situación, “la más dramática de los últimos diez años, es resultado directo de la política de Estado del gobierno de Jair Bolsonaro“, que busca “eliminar todos los obstáculos para saquear las riquezas de la Amazonía”, agrega la denuncia de Raoni, que también cita a varios ministros.
Los denunciantes estiman además que esta política conduce a “asesinatos”, “traslados forzados de poblaciones” y “persecuciones”, que constituyen “crímenes contra la humanidad” en virtud del Estatuto de Roma de la CPI.
La CPI, creada en 2002 para juzgar las peores atrocidades en el mundo, no está obligada a dar curso a las miles de denuncias presentadas ante su fiscal, Fatou Bensouda, que decide de manera independiente qué asuntos llegan a los jueces.
El presidente Jair Bolsonaro, durante una ceremonia en el palacio de Planalto, el 12 de enero de 2021 en Brasilia© AFP/Archivos Sergio Lima
Ya en julio de 2020, personal sanitario de Brasil también pidió a este tribunal de justicia internacional la apertura de una investigación contra Bolsonaro por “crímenes contra la humanidad” por su gestión de la pandemia del covid-19.
En una entrevista con AFP el pasado julio, Raoni acusó a Bolsonaro de “aprovechar” la pandemia para “diezmar” a su pueblo, que tiene un acceso precario a la salud pública y está amenazado por el avance de las actividades madereras, mineras y agropecuarias en la selva.
