El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a 23 funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre los que se incluyen jueces y fiscales por enjuiciar a opositores nicaragüenses, según un informe que enviaron al Congreso este viernes.
“El Departamento de Estado seguirá revisando a las personas enumeradas en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para disuadir e interrumpir la actividad corrupta y antidemocrática en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, se lee en el informe en el que también se incluyen también a 15 hondureños, 7 salvadoreños y 16 guatemaltecos.
Los funcionarios nicaragüenses sancionados son:
Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Erick Ramón Laguna Averruz, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos del activista opositor Alexis Peralta y el agricultor sin afiliación política Santos Camilo Bellorin.
Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe en el departamento de Chinandega, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Rosa Velia Baca Cardoza, una jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado del activista opositor Donald Alvarenga.
Carlos Rafael Espinoza Castilla, un fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Irma Oralya Laguna Cruz, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio falso de la activista de la oposición Evelyn Pinto.
Luis Alberto Mena Gámez, fiscal en Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando ejerció la discrecionalidad procesal para llevar el caso del régimen contra el preso político Douglas Cerros y persiguió cargos espurios, condenas y sentencias severas contra ciudadanos particulares que critican al gobierno. .
Luden Martín Quiroz García, juez, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos de la líder opositora Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el excanciller Mauricio Díaz, la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, el opositor Pedro Joaquín Chamorro, los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes, y la exdiputada a la Asamblea Nacional María Fernanda Flores.
Melvin Leopoldo Vargas García, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder a favor de la democracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado de la activista opositora Samantha Jiron.
Ángel Jancarlos Fernández González, juez, socavó los procesos o instituciones democráticos cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos de líderes del sector privado Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; ex la líder sandinista Dora María Téllez, los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.
Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado del activista opositor Irving Larios.
Jorge Luis Arias Jarquín, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
William Irving Howard López, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio falso de la activista de la oposición Nidia Barbosa.
Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
María Francis Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando dirigió el caso del régimen contra el activista a favor de la democracia y preso político Donald Alvarenga y presentó cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores a favor de la democracia del régimen.
Verónica Fiallos Moncada, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado de Douglas Cerros, un ciudadano sin afiliación política.
El juez Félix Ernesto Salmerón Moreno socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos de los ex candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri.
Rolando Salvador Sanarrusia Munguia, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado del activista de la oposición Yoel Sandino.
Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, el ex candidato presidencial Miguel Mora, el analista político Edgar Parrales, el director del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann y el experto electoral Harry Chavez.
Andrea del Carmen Salas, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Ulisa Yahoska Tapia Silva, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos de los activistas de la oposición Yaser Vado y Yader Parajon, excanciller Francisco Aguirre Sacasa , la líder opositora Suyen Barahona, el líder cívico Freddy Navas, la abogada de derechos humanos María Oviedo, el excandidato presidencial Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano.
Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal en Estelí, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar el caso del régimen contra el activista prodemocrático y preso político Alexis Peralta y presentar cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores al régimen.
