La solución al problema migratorio que vive Estados Unidos en la frontera sur desde al menos el 2013 no depende únicamente de la política que dicte el gobernante en turno, la oposición o los estados que se oponen a las reglas que dicta la Casa Blanca para administrar el uso de la ley federal de inmigración.
Cada vez, la gestión del problema de la inmigración indocumentada “requiere más de la cooperación de otros países”, sobre todo de aquellos de donde se está generando la inmigración irregular a Estados Unidos, señala in informe publicano por el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).
Incluso, añade, tampoco las políticas que están aprobando y poniendo en vigor algunos estados gobernados por republicanos, como Texas con la SB4, que castiga severamente la inmigración ilegal y ordena deportaciones inmediatas (aunque por ahora se encuentra detenida por los tribunales de justicia), el éxito no solo descansa en implementación, sino en la colaboración de México para recibir a los que ese estado regrese o deporte.
Y el gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha advertido que se negará a aceptar devoluciones de indocumentados por parte de Texas, postura que dificulta el éxito de la política antiinmigrante respaldada por el gobernador republicano Greg Abbott, un abierto defensor de la `política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
La Cancillería mexicana ha señalado que el país tiene un “derecho legítimo a proteger los derechos de sus nacionales en Estados Unidos y a determinar sus propias políticas con respecto a la entrada a su territorio”, resaltaron los autores del estudio, los investigadores Muzaffar Chishti y Colleen Putzel-Kavanaugh.
Guerra de posturas
Por una parte, el gobierno de Joe Biden ha dejado en claro que seguirá defendiendo el debido proceso migratorio aprobado por el Congreso, pero ha advertido que, en caso de aumentar la crisis en la frontera con México, baraja planes para cerrar la frontera si el cruce irregular diario pasa de los 5,000.
También ha advertido que endurecerá los requisitos de asilo para desestimar prontamente casos frívolos y aumentará la deportación de aquellas personas que no tengan una base legal para permanecer en Estados Unidos.
Además, Biden pide al Congreso fondos de emergencia para aumentar la capacidad de respuesta de su gobierno en la contratación de agentes federales y la creación de al menos 100 tribunales de inmigración.
Por otro lado, los republicanos insisten en un cierre inmediato de la frontera para detener la inmigración indocumentada, ejecutar las órdenes de deportación emitidas y poner fin a la captura y liberación (catch and release) de extranjeros en la frontera sur. Y Trump, el virtual nominado republicano a la presidencia en las elecciones de noviembre, ha prometido que, de regresar a la Casa Blanca, cerrará la frontera, llevará a cabo redadas masivas y deportará a millones de indocumentados desde el primer día.
Ambos planes incluyen deportaciones, uno a menor escala que el otro, pero ninguno ha mencionado o asegurado por ahora que contará con el beneplácito de México o de los países donde se genera la mayor parte de la inmigración que alimenta una crisis que ya dura más de 11 años y no muestra señales que vaya a disminuir.
