(EFE).- La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, defendió hoy la política de su Gobierno de separar a los niños y padres que llegan ilegalmente a la frontera y volvió a pedir al Congreso que acabe con los “resquicios” que permiten a los indocumentados pedir asilo.
Ante el comité de Seguridad del Senado, Nielsen tuvo que dar explicaciones de la nueva política de “tolerancia cero” que anunció la semana pasada el fiscal general, Jeff Sessions, y que consiste en el enjuiciamiento de aquellos inmigrantes que llegan de manera irregular a la frontera entre México y Estados Unidos.
Una consecuencia de esa política es la separación de familias, pero no su propósito, según defendió hoy Nielsen.
En un tenso intercambio con la senadora demócrata Kamala Harris, Nielsen aseguró que el objetivo de la nueva política no es disuadir e intimidar a los inmigrantes que tratan de entrar a Estados Unidos de manera irregular, como afirman los críticos de la medida.
“De nuevo -defendió Nielsen- no tenemos una política para separar a los padres de sus hijos, la política que tenemos es enjuiciar a la gente que rompe las leyes. Siempre tienen la opción de ir a uno de nuestros puntos de entrada y no llegar de manera ilegal a nuestro país”.
Cuando la senadora Harris presionó a Nielsen sobre cuáles serían las consecuencias de separar a un niño de 4 años de sus padres, Nielsen contestó: “Lo que estamos haciendo es enjuiciar a los padres que han roto la ley, como hacemos cualquier otro día en Estados Unidos”.
Según aseguró Nielsen, los niños pasan a custodia del Departamento de Salud en un plazo de 48 horas desde el momento en que son separados de sus padres y, a partir de entonces, los servicios sociales buscan a un pariente en Estados Unidos o los trasladan con una familia de acogida.
Nielsen se negó a ofrecer datos sobre el número de niños que han sido separados de sus padres en la frontera.
Según publicó en abril el diario The New York Times, que revisó datos oficiales del Gobierno estadounidense, más de 700 menores han sido separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos desde octubre, incluyendo un grupo de niños de menos de cuatro años.
En la audiencia, Nielsen tampoco comentó sobre la información que publican hoy los diarios The Washington Post y The Hill y, según la cual, el Gobierno está analizando la opción de enviar a bases militares a los menores de edad que sean detenidos o separados de sus familias tras cruzar la frontera.
De acuerdo con un correo electrónico del Departamento de Defensa, al que accedió The Hill, el Gobierno está barajando cuatro instalaciones militares, tres en Texas y una en Arkansas.
El Departamento de Salud, que se encarga de la custodia de los menores, tiene aproximadamente cien albergues en 14 estados y, actualmente, se encuentran ya a un 91 % de su capacidad, por lo que pronto serán necesarias nuevas instalaciones, según dijo un funcionario que pidió el anonimato al Washington Post.
El ingreso de menores en bases militares no es nuevo en Estados Unidos, puesto que el presidente Barack Obama (2009-2017) ya recurrió a esas instalaciones para hacer frente a la crisis del verano de 2014, cuando las autoridades se vieron sobrepasadas ante la llegada de miles de niños que viajaban solos.
Entonces, Obama ordenó alojar durante varios meses a más de 7.000 menores en bases militares de Texas, Oklahoma y California.
Por último, durante la audiencia, Nielsen reiteró sus peticiones al Congreso para que acabe con las “fisuras” que, a su juicio, permiten a cualquier inmigrante pedir asilo en Estados Unidos, aunque en realidad no sea víctima de ningún tipo de persecución y lo que quiera sea mejorar su situación económica.
“El asilo es para aquellos que huyen de la persecución, no para aquellos que buscan un trabajo mejor. Sin embargo nuestro sistema roto permite a los inmigrantes ilegales ingresar a nuestro país de todos modos y por el motivo que quieran”, consideró Nielsen.
En realidad, quienes quieren recibir asilo en EE.UU. tienen que someterse a varios controles e, incluso, ser entrevistados para demostrar que sufren una amenaza “creíble” que les hace temer por su vida y que les impide regresar a su país, ya sea por razones políticas o sociales, como la violencia.
En lo que llevamos de año fiscal, que comenzó el 1 de octubre de 2017 y concluirá el 30 de septiembre de este año, Estados Unidos ha admitido a 60.924 refugiados, de los que 15.802 provienen de Venezuela, seguidos de lejos por los originarios de Guatemala (5.562) y El Salvador (5.404).
