Con la suscripción del Decreto 139, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, materializó su promesa de iniciar un proceso que permita repatriar a los presos extranjeros que cumplen sentencias en Ecuador.
Según el Código Penal de Ecuador, las condenas contra personas extranjeras resueltas por autoridades ecuatorianas “podrán ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad del sentenciado”.
Para lograr la repatriación de 3.200 prisioneros, de los cuales casi 1.500 son de nacionalidad colombiana, Noboa dio instrucciones al servicio de cárceles y a los ministerios de Relaciones Exteriores, de Derechos Humanos y de Gobierno.
El Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), que rige las cárceles, deberá cumplir con los procedimientos administrativos que permitan repatriar a los presos extranjeros para que cumplan la sentencia en el país de origen.
Luego, las carteras de Estado mencionadas se encargarán de las acciones dispuestas bajo los tratados bilaterales y multilaterales respecto a la repatriación o traslado de presos a sus países con fin humanitario.
“Esa gente no va a poder volver a entrar (…) No vamos a permitir que vaya a Colombia y regrese a cometer los mismos crímenes en Ecuador. Estamos moviendo de 100 en 100 hasta acabar con todos”, dijo Noboa en una entrevista con Ecuavisa.
Según el primer mandatario, la repatriación permitirá reducir el hacinamiento en las cárceles y disponer de los recursos económicos estatales que se enfocaban en esas personas.
En marzo de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó que los problemas del sistema carcelario del Ecuador son de “carácter estructural que se viene acuñando desde hace por lo menos dos décadas”. Las principales razones de la crisis, de acuerdo con el informe, son el debilitamiento de la institucionalidad, la eliminación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y su impacto en el ámbito penitenciario, que se realizó en el 2018, durante el gobierno de Lenín Moreno.
También entre las causas están la corrupción, la falta de un registro adecuado de las personas privadas de libertad, la disminución presupuestaria, la falta de personal de custodia, la ausencia de una política penitenciaria, la política de encarcelamiento y no de prevención del delito, el hacinamiento, la creación de mega cárceles, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, entre otros.
Entre las recomendaciones que entrega la Comisión en el informe está que se incremente el personal de las prisiones que debe estar a cargo de la seguridad en los centros penitenciarios. Además, insta a que el gobierno actúe en la reducción de la población carcelaria para “remediar de manera inmediata cualquier situación de alojamiento por encima del número de plazas establecido”.
Noboa debe sanear las finanzas públicas
Daniel Noboa espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) refinancie la deuda de Ecuador y busca un nuevo préstamo para costear los gastos estatales. El país latinoamericano no solo enfrenta una crisis de seguridad sino también económica. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, ya ha anunciado que los salarios públicos de enero se pagarán con retraso
Noboa ha propuesto, en medio de la emergencia por conflicto armado interno, un incremento al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 al 15 por ciento. El presidente ha reconocido que esa propuesta pretende dar confianza a las multilaterales pues, según el jefe de Estado, estos organismos actúan “acorde a las buenas señales económicas que se dan.
Una buena señal para los multilaterales sería tener un IVA mixto: un punto permanente y dos puntos temporales”. Sin embargo, la propuesta no tiene apoyo en el Legislativo, lo que complica que esto se cumpla.
Las autoridades ecuatorianas esperan que entre abril y mayo se reciban los recursos de los organismos multilaterales de crédito y que, a mediados de febrero, la Asamblea Nacional apruebe el incremento del IVA, que generaría otro tipo de contribuciones especiales. Si esto no sucede, el gobierno prevé aplicar medidas de austeridad sobre el gasto público y revaluar los subsidios estatales.
Entre las medidas que ya se han adoptado están la reducción de la nómina en el servicio público. En esa línea, el presidente del congreso, Henry Kronfle, anunció que se hará un recorte del 20% del personal de la Legislatura como muestra de “responsabilidad” ante la crisis económica que vive el país.
Los economistas de bancos de inversión, según recogió Expreso, han estimado que el FMI podría proveer a Ecuador entre USD 3.000 y 4.000 millones, además de abrirle el camino a créditos del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según ha informado el Ministerio de Finanzas, el gobierno necesita alrededor de USD 10.000 millones en nuevos préstamos para sostener el Presupuesto General del Estado durante este año, pues los ingresos no son suficientes.
