Durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesionará entre el 26 y 28 de junio en Asunción (Paraguay), se debatirá un proyecto de resolución presentado por Canadá para exigir al dictador Daniel Ortega que cesen las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
“Profundamente preocupados por el continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua desde 2018, caracterizado por la persistencia de la impunidad de organismos estatales en casos que involucran al menos 355 muertos y 2.000 heridos, así como más de 2.000 denuncias de detenciones arbitrarias por motivos políticos”, sostiene el proyecto redactado por Canadá y avalado por Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Estados Unidos y Uruguay.
Y añade la iniciativa canadiense: “Observando además el desplazamiento de más de 270.000 nicaragüenses que han buscado asilo en todo el mundo; profundamente preocupados por la supresión de espacios cívicos mediante la cancelación de más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil; alarmado también por la privación de la nacionalidad y de derechos políticos de más de 300 personas, y al menos 54 medios de comunicación cerrados o confiscados y más de 250 periodistas obligados a exiliarse”.
La situación en Nicaragua no es un secreto de Estado y mandatarios como Joe Biden y Gabriel Boric -con perspectivas ideológicas distintas- han instruido a sus representantes en la OEA para que voten a favor de la resolución condenatoria que se tratará durante la Asamblea General de la OEA.
Lula da Silva (Brasil), Andrés Manuel López Obrador (México) y Gustavo Petro (Colombia) tienen una mirada particular sobre el principio de No Intervención en los asuntos internos de los países, y en este contexto aún no hubo un pronunciamiento oficial respecto a la propuesta de Canadá que apoyan Estados Unidos, Argentina y Uruguay.
Lula, AMLO y Petro cuestionan al régimen autoritario que controlan Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero aguardarán hasta la proximidad de la Asamblea de la OEA para definir una posición diplomática ante la posible condena contra Nicaragua.
Los tres aliados en asuntos claves de América Latina siempre hacen equilibrio político cuando se trata de exponer los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Nicaragua, Cuba y Venezuela.
El proyecto de Resolución de Canadá cuenta con siete artículos y fue presentado hace pocos días en el Consejo Permanente de la OEA. Tiene como título “Seguimiento de la situación en Nicaragua”, y será una iniciativa clave en la Asamblea General que deliberará en Asunción (Paraguay).
La iniciativa canadiense establece:
“1. Instar al Gobierno de Nicaragua a garantizar que cesen todas las violaciones de los derechos humanos y a tomar medidas efectivas para el restablecimiento de las instituciones democráticas, especialmente sus obligaciones de defender el estado de derecho y los derechos humanos.
2. Llamar al Gobierno de Nicaragua a restablecer el ejercicio de los derechos de las personas privadas de ellos, incluyendo pero no exclusivamente, la privación de su derecho a la nacionalidad y su derecho a entrar o salir de Nicaragua. Y además insistir en el fin inmediato de la impunidad de las instituciones estatales y otros actores que perpetran graves violaciones de derechos humanos.
3. Instar al Gobierno de Nicaragua a que libere inmediata e incondicionalmente a todas las personas que hayan sido privadas de su libertad por motivos políticos o religiosos.
4. Instar aún más al Gobierno de Nicaragua a respetar todas las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, en particular las emitidas el 25 de abril de 2024; abstenerse de reprimir y detener arbitrariamente a líderes de la iglesia evangélica, y proporcionar información sobre la salud física y psicológica de los 11 líderes religiosos de “Puerta de la Montaña”, quienes se encuentran recluidos en instalaciones de máxima seguridad. Llamar al Gobierno de Nicaragua a involucrarse constructivamente con el sistema interamericano de derechos humanos, facilitando el escrutinio internacional en el marco del derecho internacional, permitiendo el ingreso a su territorio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Seguidor Especial. Mecanismo de adhesión, así como otros organismos internacionales competentes.
5. Encomendar al Consejo Permanente que se mantenga informado, en el marco de los instrumentos interamericanos, de la situación de Nicaragua, facilitando y articulando iniciativas de diálogo, negociación y visibilización en pos de los objetivos de esta resolución, y dentro de los límites de ley internacional.
6. Solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que continúe monitoreando y dando seguimiento estrecho a la situación de derechos humanos en el país, manteniendo periódicamente informados a los órganos pertinentes de la OEA.
7. Instar a los Estados del hemisferio a redoblar esfuerzos para facilitar, a través de acciones individuales o colectivas, el cese de las violaciones de derechos humanos, el fin de la persecución ideológica por motivos políticos o religiosos, la recuperación de las instituciones democráticas y el Estado de derecho. en Nicaragua, a través del diálogo constructivo, para el cumplimiento de Nicaragua de sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluida la rendición de cuentas de las instituciones del Estado por las fallas en la defensa de los derechos humanos, siempre dentro del marco del derecho internacional, con apego al principio de no intervención en los asuntos internos”.
Nicaragua abandonó la OEA en noviembre de 2023, tras las críticas realizadas por el foro regional a las elecciones fraudulentas que permitieron la reelección de Ortega. Pese a la renuncia como miembro de la OEA, Nicaragua no está eximido de respetar los derechos humanos y cumplir las normas internacionales.
En este escenario jurídico, la intención de Canadá y los países que avalan su iniciativa es evitar que los niveles de impunidad se incrementen en Nicaragua por su decisión unilateral de renunciar a la OEA. Si no hay un traspié diplomático, la condena al régimen de Ortega será aprobado en la Asamblea General de Asunción.
