Dennis Alexander Galván Canales de 29 años, conocido como “Galván”, es el principal sospechoso del rapto y asesinato de Valeria Yole Alvarado Borjas, de 23 años, una estudiante de medicina, originaria de El Progreso, Yoro.
El titular de la DPI, Comisionado de Policía Rolando Ponce Canales, aseguró que el detenido presenta un patrón de conducta que coincide con perfiles antisociales que, a su criterio, coincide con el de un “sociópata”, al describir que identificaba a sus víctimas, se acercaba a ellas y luego las privaba de libertad.
“Identifica a su víctima, se acerca, la enamora o la aborda de forma sorpresiva y la sube a un vehículo”, explicó el comisionado.
El 23 de febrero de 2026, un juzgado dictó detención judicial por seis días contra Galván y otro implicado, Ariel Alexander Boquín Chávez (alias “Vegeta”). El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal por asesinato, privación ilegal de la libertad, robo con violencia y porte ilegal de armas. La próxima audiencia será programada para el 26 de febrero a las 9:00 AM.
Valeria fue reportada desaparecida el 15 de febrero tras salir hacia un campo de fútbol en El Progreso, Yoro, según versiones de sus familiares, su cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, días después en una zona de cañeras en San Manuel, Cortés, con tres impactos de bala.
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Historial delictivo
Según informe judicial, Galván ya tenía procesos abiertos por el robo a una joven en febrero a la que forzaron a realizar transferencias electrónicas, también el secuestro de madre e hija en julio. Antes de este crimen tenía una orden de captura pendiente desde diciembre de 2025.Por el momento, mientras se celebra la audiencia el 27 de febrero, el presunto asesino permanece en el Centro Penitenciario de El Progreso, Yoro.
El juez resolvió imponerle la medida cautelar de detención judicial, presumiendo su participación en delitos de secuestro, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación, y asociación para delinquir.
Por otro lado, Boquín Chávez, el otro implicado, fue presentado ante el mismo juzgado tras su captura. Los dos sospechosos detenidos enfrentan cargos por asesinato, privación ilegal de la libertad agravada, robo con violencia e intimidación, y porte ilegal de arma de fuego.
La DPI descartó la figura de secuestro y señaló que el hecho se encuadra como privación injusta de la libertad.
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