La defensa del presidente chileno Sebastián Piñera pidió el viernes que se desestime un juicio político que la oposición impulsa contra el mandatario tras la divulgación de los Papeles de Pandora.
Según la acusación, el mandatario infringió la Constitución por supuestamente favorecer la venta de un proyecto minero familiar en un paraíso fiscal. Los nuevos dueños buscan instalar una mina y un puerto al lado de una reserva marina.
Por intermedio de su abogado, Jorge Gálvez, el mandatario dijo a la comisión parlamentaria que evalúa el juicio político que la acusación “es una ostensible maniobra político-electoral” basada en hechos “manifiestamente falsos” y pide que se admita la llamada cuestión previa, es decir, que no sea admitida. El estudio jurídico que representa a Piñera envió, al filo de la medianoche del jueves, una defensa escrita de 242 páginas.
Galvéz, que representó el viernes al mandatario ante la comisión, afirmó que los hechos por los que se inculpa a Piñera –relacionados con el llamado proyecto Dominga– ocurrieron entre 2010 y 2011, por lo que están prescritos. La Constitución permite acusar constitucionalmente a un presidente durante el ejercicio de su mandato y hasta seis meses después de finalizado. Agregó que la acusación “no tiene ni ofrece pruebas” de sus afirmaciones y “trata de traer hechos del pasado” y que Piñera “no tuvo ninguna intervención” en la compraventa de Dominga.
El proyecto Dominga, que busca instalar una mina, una desalinizadora y un puerto en la comuna de La Higuera, Coquimbo, 470 kilómetros al norte de Santiago, reflotó este mes tras la divulgación de los llamados Papeles de Pandora, que denunciaron a más de 300 personas por sus maniobras financieras en paraísos fiscales.
Los datos que más complicaron a Piñera están en el contrato de compraventa, firmado en diciembre de 2010 en las Islas Vírgenes Británicas, que condicionaba el pago final del proyecto a que en la zona prevista para éste no hubiera cambios medioambientales que pudieran impedir su instalación. Esa decisión dependía del mandatario y ahora se sabe que el pago sí se efectuó.
A inicios de su primer mandato (2010-2014), Piñera anunció la reubicación de una termoeléctrica a carbón ya autorizada para ser construida en La Higuera. En ese momento se desconocía que su familia estaba a punto de firmar la venta de Dominga. Los acusadores afirman que Piñera faltó a la probidad y se comprometió porque afirman que era imposible que no conociera el negocio que su familia cerró con el comprador de Dominga, un viejo amigo de la infancia.
Piñera afirma que no fue informado de la compraventa, que se enteró tras finalizar su primer mandato y que, por información pública, sabe que los dineros producto de la venta fueron remesados a Chile y que se pagaron los impuestos correspondientes.
El director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, invitado por la comisión, dijo que los tributos efectivamente se pagaron.
Sobre negocios en paraísos fiscales, la defensa del mandatario afirma que “la decisión de realizar una operación fuera del país y la forma en que ésta se realizó no fue adoptada por la familia Piñera Morel, sino por los gestores del proyecto Dominga, con el propósito de incorporar inversionistas extranjeros”.
Los miembros de la comisión revisora del juicio político tienen plazo hasta el viernes próximo para presentar un informe al pleno de la Cámara de Diputados, que luego de pronunciarse debe traspasar el caso al Senado.
Para que el juicio político sea aprobado en la Cámara de 155 miembros, se necesitan al menos 78 votos y la oposición tiene 83. En el Senado se requieren dos tercios de los 43 legisladores (29) y los acusadores tienen 24. Se estiman que sería difícil para conseguir los cinco votos adicionales que precisa.
