Familiares, organizaciones de derechos humanos, feministas, y sociedad civil emiten un pronunciamiento público a cuatro años y medio del desaparecimiento de la hondureña Angie Peña en Roatán, departamento de Islas de la Bahía.
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
Caso Angie Samanta Peña Melgares
Hoy, 22 de junio de 2026, nos reunimos nuevamente para decir lo que nunca debimos tener que repetir: Angie Samanta Peña Melgares sigue desaparecida. Han pasado cuatro años y medio desde aquella madrugada del 1 de enero de 2022 en Roatán, y la familia de Angie sigue esperando lo que el Estado de Honduras le debe desde el primer día: la verdad. Las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y los familiares que hoy levantamos la voz no venimos a repetir un reclamo más; venimos a exigir el cumplimiento de una obligación internacional clara, explícita y, hasta hoy, ignorada por el Estado hondureño.
El 22 de enero de 2024, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas emitió la Acción Urgente AU Núm. 1691/2024 y le dijo al Estado de Honduras, con toda claridad, qué tenía que hacer: buscar a Angie con una estrategia seria, investigar su desaparición con debida diligencia, identificar a las personas responsables y garantizar a su familia el derecho a saber. Le dio plazo hasta el 22 de febrero de ese mismo año. Hoy, más de dos años después de vencido ese plazo, podemos afirmar con toda contundencia que el Estado de Honduras le ha fallado a Angie, le ha fallado a su familia, y le ha fallado a la comunidad internacional.
Lo decimos sin rodeos, porque los hechos lo confirman uno por uno:
- No hay perspectiva de género en la investigación. El Comité fue claro: la búsqueda y la investigación debían realizarse con enfoque diferencial, con perspectiva de género y con personal capacitado para ello. Hasta hoy no existe ni un solo indicio de que esto se haya cumplido. Y no es un detalle técnico: Angie es una mujer hondureña desaparecida en un país donde las mujeres desaparecen sistemáticamente y donde la impunidad ante esas desapariciones es casi total. Investigar sin perspectiva de género, en un caso como el de Angie, es investigar a medias, y a medias no es justicia.
- El Ministerio Público le sigue cerrando la puerta a la familia. El Comité ordenó algo básico y elemental: que la familia de Angie tuviera acceso a la carpeta de investigación y recibiera información periódica sobre sus avances. Esa orden no se ha cumplido. A la fecha, al padre, a la madre y a la hermana de Angie se les sigue negando el acceso al expediente, y no existe ningún mecanismo oficial que les informe qué se está haciendo para encontrarla. Una familia que no puede ver el expediente de la desaparición de su propia hija es una familia a la que el Estado le sigue dando la espalda.
- La investigación está dispersa, fragmentada y sin rumbo. Hoy existen cuatro líneas de investigación distintas sobre el caso de Angie, repartidas entre diferentes fiscalías especializadas y en distintas ciudades del país, sin que exista entre ellas una estrategia integrada, coordinada y con un rumbo claro, tal como lo exigió el Comité. Cuatro fiscalías que no se hablan entre sí no son cuatro oportunidades de encontrar a Angie; son cuatro maneras distintas de que el caso se diluya, se pierda y termine sin respuestas.
Estas tres realidades no son fallas aisladas ni casualidades del sistema: son la prueba de que el Estado de Honduras ha incumplido, de manera sostenida y verificable, las obligaciones que asumió ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas. Y cada día que pasa sin que esto cambie, es un día más en que la familia de Angie vive sin descanso, sin certezas y sin justicia, mientras quienes saben qué le pasó a Angie siguen libres.
