Una coalición de 25 estados de Estados Unidos presentó este lunes una demanda en contra de la administración del presidente Donald Trump para tratar de frenar la última ronda de aranceles que fue impuesta a las importaciones provenientes de 60 países y economías , al pensar que las medidas exceden las facultades del Ejecutivo y con tienen sustento legal.
La acción judicial ha sido respaldada por los fiscales generales de estados como Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minnesota, esto además de los gobernadores de Kentucky y Pensilvania. Los demandantes sostienen que los nuevos gravámenes van a encarecer los productos importados, lo que va a terminar afectando tanto a consumidores como a empresas de Estados Unidos.
El litigio ha surgido luego de que el gobierno empezara en el mes de marzo investigaciones comerciales en contra de 59 países y la Unión Europea, amparándose en la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos. La administración ha justificado esas pesquisas como parte de su estrategia para hacerle frente al trabajo forzoso en las cadenas internacionales de suministro.
Con información de esas investigaciones, la Casa Blanca informó en julio la aplicación de aranceles de entre 10% y 12,5% en productos importados desde 60 economías , entre los que se encuentran 27 países de la Unión Europea, además de Canadá, Japón, el Reino Unido, Guatemala, Honduras y El Salvador.
No obstante, la demanda asegura que el gobierno utilizó la normativa comercial de forma irregular para restringir límites de alcance general, pese a que el Tribunal Supremo anuló en febrero la parte más grande de los aranceles globales impulsados anteriormente por la administración.
“No existe ninguna relación lógica entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales”, señala el documento presentado ante la justicia, citado por EFE.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuestionó la legalidad de la decisión del Ejecutivo. “Tras el fallo del Supremo, la Administración vuelve a intentar subir ilegalmente los impuestos a familias y empresas con una nueva ronda de aranceles”, afirmó en un comunicado oficial.
El caso ahora abre un nuevo capítulo en la disputa sobre la política comercial de la administración Trump y el alcance de las facultades presidenciales para imponer tarifas a las importaciones.
Ahora mientras avanza el proceso judicial, la aplicación de los aranceles podría estar sujeta a futuras decisiones de los tribunales que deberán determinar si las medidas cumplen con los requisitos establecidos en la legislación de los Estados Unidos.
