Un fallo histórico la Corte Suprema de EEUU mantiene ciudadanía por nacimiento y de este modo se mantiene en contra de las restricciones a este derecho que estaba buscando implementar el presidente Donald Trump.
Lo que debes saber:
Una esperanzan para latinos con doble nacionalidad
La resolución que ha dado ha conocer el supremo representa un respiro definitivo para miles de familias latinas con estatus migratorio mixto cuyos hijos nacieron en territorio estadounidense.
Cabe señalar que la disputa legal tiene su origen directo en la Orden Ejecutiva 14,160, titulada ‘Protegiendo el Significado y Valor de la Ciudadanía Estadounidense‘. Dicha medida fue firmada por el mandatario republicano el 20 de enero de 2025, coincidiendo con el inicio de su segundo mandato presidencial.
El propósito de este decreto ejecutivo era forzar un cambio radical en la interpretación de los derechos constitucionales ligados al suelo americano.
La polémica directiva instruía explícitamente a las agencias federales a desconocer de manera automática la ciudadanía por nacimiento a los niños que nacieran después de transcurridos 30 días desde la firma de la orden.
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La medida estaba dirigida de forma específica hacia los hijos de padres que carecieran de un estatus legal de residencia permanente en el país. Esto colocaba en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica a los futuros recién nacidos de comunidades inmigrantes.
El argumento central defendido por el Gobierno de Donald Trump sostenía que estos menores no debían ser reconocidos como ciudadanos debido a su situación familiar. Desde la perspectiva de la Casa Blanca, al ser hijos de padres indocumentados, los bebés no se encontraban “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.
La administración utilizaba este enfoque para justificar que no se cumplía con el sentido constitucional exigido en la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
Familias no se dejaron
Frente a la restricción, el caso fue llevado formalmente ante el sistema judicial por un grupo de familias que actuaron en representación de los niños que resultarían afectados de aplicarse la orden.
Los demandantes alegaron firmemente que el decreto presidencial despojaba de forma totalmente ilegal a sus hijos de una garantía constitucional y estatutaria histórica. La batalla legal escaló con rapidez tras encender las alarmas entre diversas organizaciones civiles y de derechos humanos.
La disputa legal llegó al máximo tribunal del país después de que una corte de distrito en New Hampshire dictara inicialmente una medida cautelar a favor de las familias demandantes. En aquella instancia, el juez consideró que existían altas probabilidades de éxito en los reclamos presentados bajo la Enmienda 14 y la ley federal 8 U.S.C. § 1401(a).
Este primer revés judicial para la administración Trump preparó el camino para la definitiva intervención de la Corte Suprema.
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Las consecuencias prácticas de este fallo son de enorme trascendencia, ya que no solo resguardan la identidad legal de miles de menores, sino también su bienestar socioeconómico.
De haberse mantenido la orden de Trump, estos niños habrían perdido su derecho a la nacionalidad y, por consiguiente, el acceso futuro a servicios esenciales del Estado. Entre los beneficios en juego se encontraban el acceso al Seguro Social y a los sistemas públicos de salud.
Durante las audiencias de argumentos orales celebradas en el mes de abril, los magistrados ya habían manifestado un marcado escepticismo sobre la legalidad del decreto. Aquella sesión estuvo marcada por un hecho inédito, ya que el propio Donald Trump asistió en persona a la sala de la corte para defender su postura.
Finalmente, los jueces han optado por apegarse al texto constitucional, garantizando la continuidad de la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos.
