Francisco Cosenza admitió su culpabilidad en agosto de 2025 al reconocer su implicación en un esquema que desvió y blanqueó fondos de la Tasa de Seguridad en Estados Unidos, evidenciando la magnitud del desvío de recursos públicos originalmente destinados a la seguridad ciudadana.
El proceso judicial se vio marcado por la confesión de Cosenza, extraditado a Estados Unidos tras ser acusado de aceptar sobornos a cambio de conceder contratos públicos de manera ilícita. Documentos presentados ante la corte describen que la red operó durante años, permitiendo el desvío sistemático de dinero hondureño a cuentas y sociedades en territorio estadounidense.
El tribunal federal de Miami, principal escenario del juicio, recibió de la fiscalía un informe sobre el funcionamiento concreto del esquema. Los representantes del Ministerio Público detallaron que empresarios interesados en licitaciones relacionadas con la seguridad ofrecían sobornos, que luego se canalizaban mediante sofisticadas estructuras financieras.
Las exposiciones de la fiscalía incluyeron registros bancarios, documentos y testimonios que mostraron cómo se concertaban las reuniones, se pactaban las sumas y se repartían los beneficios ilegales. Las investigaciones señalan que el desvío comprometió a altos funcionarios de la administración en Honduras y a empresarios que colaboraron de forma activa.
