El Congreso salvadoreño aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción que entró en vigor hace más de dos años como uno de los pilares del gobierno de Nayib Bukele en su política de mano dura para luchar contra las pandillas.
El estado de excepción, que suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado, ha sido renovado 26 veces. Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constituciones no puede exceder los 30 días y el gobierno del presidente Bukele ha ido prorrogándolo cada mes desde que se aprobó por primera vez el 27 de marzo de 2022.
La nueva extensión fue aprobada con los votos de 57 de los 60 diputados del nuevo Congreso, que está bajo control del oficialismo, y permanecerá vigente hasta el 11 de junio de 2024.
Desde que rige en El Salvador el estado de excepción, han sido detenidas 79.947 personas que las autoridades califican como terroristas y que en más de un 90% de los casos permanece en prisión sin sentencia judicial en su contra, según la actualización de datos presentada por el gobierno. El gobierno ha reconocido que ha tenido que liberar a uno 7.000 detenidos por falta de pruebas en su contra.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que bajo el estado de excepción se han violentado derechos humanos y han demandado que se ponga fin la política de mano dura del gobierno. Siete organizaciones no gubernamentales informaron que han registrado 6.305 denuncias de violaciones a derechos humanos, incluidas detenciones ilegales, arbitrarias, y tratos crueles. Además, reportan 244 muertes de personas privadas de libertad bajo la custodia del Estado.
Los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) votaron abstención el jueves y, durante el debate, el diputado Francisco Lira pidió sustituir el régimen de excepción por una medida permanente de seguridad que no violente los derechos humanos, pero no presentó ningún documento para discutirlo.
Por su parte, el Ministerio de Seguridad aseguró en su petición al Congreso que el riesgo que suponen las pandillas se mantiene en El Salvador y consideró necesario continuar la medida hasta que el último de los pandilleros esté en la cárcel.
En la solicitud planteada por el gabinete de Seguridad, se indicó que en el gobierno de Bukele se han registrado 608 días sin muertes violentas y que, durante la vigencia de excepción, ha habido 497 días sin homicidios.
Bajo ese régimen, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.
Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó el año pasado reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia como integrante de pandillas, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.
En los delitos relacionados con el crimen organizado, se aplican penas de 20 años de prisión para adolescentes mayores de 16 años y hasta 10 años de cárcel a los niños mayores de 12.
