“Sí están dadas las condiciones para declarar ilegal la huelga en el sector Salud y Educación”, afirmó hoy el secretario de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Madero, tras un mes de paralización de labores, por lo que el Gobierno podría tomar la decisión fundamentado en el Código del Trabajo y amparado en tratados internacionales que protegen el derecho a la salud.
El Código del Trabajo, en sus artículos 554, numeral tres, y 555, establece las restricciones al derecho a la huelga en los servicios públicos con énfasis en el sistema de salud, explicó Madero, quien participa en la 108° Conferencia Internacional del Trabajo, en el marco de los 100 años de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra (Suiza).
Citó textualmente el artículo 556 del Código del Trabajo, que establece “que en cualquier caso en el que se presentare de hecho la suspensión de los servicios en salud, el Poder Ejecutivo está autorizado para asumir la dirección y administración por el tiempo que sea necesario para evitar perjuicios a la comunidad quedando facultados a tomar las providencias necesarias para restablecer los servicios suspendidos y garantizar su mantenimiento”.
El funcionario explicó que para declarar ilegal la huelga “las secretarías de Educación y Salud deben seguir un procedimiento legal para hacerlo; si quieren usar las instancias todo patrono está en la libertad de poderlo hacer. Yo creo que hay condiciones que pueden ocurrir en este sentido”.
“En el caso particular de Salud, ya el Código del Trabajo establece que no se pueden cerrar esos servicios esenciales; esto hay que tomarlo en cuenta en las relaciones obrero-patrono en el conflicto”, reiteró Madero.
Recordó que “las relaciones obrero-patrono están regidas por un contrato para que una persona realice una actividad; si las personas no lo hacen, paulatinamente pueden llegar a incurrir en una huelga ilegal porque no hay un fundamento para que ocurra”.
El ministro señaló que “por eso se debe hacer un llamado a los trabajadores, que no pueden estar vulnerando el derecho a la salud y educación de la población” y advirtió que “al mismo tiempo eso les puede traer una consecuencia laboral porque efectivamente un trabajador está trabajando con el Estado, por lo cual tiene un patrono a quien tiene que responder”.
Al declararse ilegal la huelga, el Gobierno puede actuar mediante la contratación de nuevo personal y cancelar los contratos de quienes dirigen el movimiento, destacó Madero.
Recordó que la semana pasada en los acuerdos con el sector magisterial se estableció que no habrían represalias de parte del Gobierno, pero subrayó que “hay otros interlocutores que han seguido (en conflicto) y yo creo que al final de cuentas no puede vulnerarse el derecho de la salud y educación de las personas, pero ellos mismos violan sus obligaciones como trabajadores”.
La salud es un derecho
El funcionario afirmó que “el tema principal de protección social tiene que ver con derechos humanos; hay una línea más delgada entre el derecho del mundo del trabajo y los derechos humanos y obviamente tienden a confluir”.
Madero dijo que “uno de los factores principales de la protección social es, como se escuchó hoy en la Conferencia Internacional del Trabajo por parte de varios presidentes del mundo, principalmente es la participación del derecho a la salud”.
“El derecho a la salud de todos es un derecho humano, es un derecho irrenunciable, y por eso se consigna en los diferentes tratados internacionales, porque hay garantías mínimas que hay que establecer con la población y uno de ellos es la salud”, enfatizó.
Según Madero, existe una paradoja en los miembros de la denominada Plataforma, quienes argumentan defender los derechos de los trabajadores, pero a la vez con sus acciones violentan y niegan el derecho universal a los servicios de la salud y educación.
El funcionario ahondó en que “dentro del marco de la protección social el que las personas puedan tener acceso a los servicios de la salud lo convierte no solo un derecho al trabajo, sino que también un derecho humano, y el no tenerlo vulnera ambos, vulnera un derecho laboral, humano, porque se pone en riesgo la vida de una persona”.
“Cuando está en riesgo la vida de una persona hay que tener muchísimo cuidado, porque se puede terminar haciendo un tema que puede estar inducido con lo penal, porque se atenta contra el derecho fundamental de un ciudadano, que es la vida”, advirtió Madero.
Declaración Universal de DDHH
El ministro de Trabajo recordó que el Estado de Honduras es signatario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, que data de 1948.
Madero resaltó que “la declaración de los derechos humanos tiene un apartado sobre el derecho a la salud y eso en el contexto nacional nos debe llamar mucho la atención porque no es un tema con el cual se puede estar jugando con la sociedad hondureña, porque al final de cuentas es la vida de las personas la que está en juego”.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22 establece: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales indispensables a su seguridad y al libre desarrollo de su personalidad”.
El artículo 23 resalta también: “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida de acuerdo que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en el caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdidas de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
Nuevo llamado al diálogo
Madero reiteró su llamado al diálogo, “así que yo creo que esto debe hacernos tener una profunda reflexión, que si bien en el marco del diálogo podemos tener profundas diferencias, nunca las diferencias pueden pasar por la falta de atención a una persona porque, obviamente, se violenta un derecho humano que es fundamental”.
“Es propicio hacer un llamado al Colegio Médico, que nos sentemos a sumar, pero no atentamos contra el derecho individual que tenemos las personas, que es un derecho sagrado, el acceso a la salud”, insistió.
En “el hecho de que se quiere exigir un derecho eliminando un derecho hay una seria contradicción evidente: no puedo pedir un derecho vulnerando aún más el derecho que tiene la otra persona que la que atiende el sistema”, indicó.
“Los pacientes tienen una emergencia real; la salud no espera, no es una condición que el paciente puede sentarse a esperar. Las personas no escogen el día que se enferman, se enferman y tienen que ir a un sistema de atención. En el caso de Honduras el sistema de salud atiende a los más pobres de la cadena” ponderó.
Según el funcionario, el conflicto a todas luces tiene otro matiz, pues “detrás de esto no solo hay un problema de salud y educación; ya hemos visto la participación política de otros actores que han querido entrar y ahí es donde hay que tener cuidado, porque no pueden paralizar los servicios de educación y salud y creer que políticamente van a tener un rédito, o haciendo un daño a la economía”.
“Yo creo que eso es actuar muy en contra del pueblo hondureño y eso nos debe llamar a la reflexión”, puntualizó.
Antecedentes:
– En el Gobierno del expresidente Rafael Leonardo Callejas, se declararon ilegales las huelgas de los miembros del STIBYS y de los empleados de la ENEE.
– En el Gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, se declaró ilegal la huelga decretada por la dirigencia magisterial en ese periodo.
