Durante tres horas Nicaragua argumentó ante la Corte supuestas violaciones de Colombia al fallo de 2012.
Mientras que Nicaragua arremetió contra Bogotá por un supuesto incumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia de 2012, en el marco de las audiencias por el litigio territorial entre los dos países, la defensa de Colombia escuchó atentamente los argumentos de Managua, para desvirtuar las acusaciones del país centroamericano el próximo miércoles cuando tendrá su turno para intervenir en las audiencias convocada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.
Así lo advirtió el agente del grupo de defensa de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta, quien recalcó que “pasó exactamente lo que sabíamos que iba a pasar”.
El exprocurador subrayó que “Nicaragua se vino con toda una serie de argumentos sosteniendo que Colombia ha violado sus derechos, ha violado el derecho internacional, ha incumplido con el fallo de 2012, no ha aplicado el fallo”. Y subrayó que “es un caso donde nosotros vamos a ser valer derechos que nos da el derecho internacional”.
La defensa de Nicaragua cuestionó la negativa de Colombia para atender el fallo de 2012.
El Agente del país centroamericano, Carlos Argüello, fue enfático al señalar que Colombia ha dicho repetidamente, en estas audiencias, que no cumplirá con la sentencia de la Corte.
“La cuestión sería determinar cuál sería una garantía adecuada, esperamos escuchar cómo Colombia considera que se puede confiar en que cumplirá con la sentencia del tribunal”, explicó.
Mientras transcurrían las tres horas de audiencia en La Haya, el presidente de Colombia, Iván Duque, se pronunció sobre el litigio con Nicaragua ante periodistas en Estados Unidos, donde mañana asistirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El mandatario aseguró que se va a hacer respetar la soberanía del país. “Será una defensa irrestricta, esa es la instrucción que le he dado al equipo que integra la defensa ante la demanda que interpuso Nicaragua”.
Recordó que cualquier modificación a los límites del país se debe hacer como lo establece la Constitución, a través de un tratado que debe ser ratificado por el Congreso de la República.
