El Gobierno chileno dará seis horas de permiso a la ciudadanía de todo el país para que festeje por tres días las fiestas patrias, por un máximo de seis horas por jornada, pese a la pandemia de la covid-19. Aunque la primera ola de la pandemia no está controlada –este domingo se registraron 41 muertos, 2.077 nuevos casos y 16.519 enfermos activos en el país–, entre el 18 y 20 de septiembre la gente podrá pedir un permiso especial a Carabineros para festejar en las celebraciones más importantes y populares de Chile. De este permiso está excluida la población de las 46 comunas que se encuentran con cuarentena, según informó hoy el Ejecutivo de Sebastián Piñera.
Luego de las críticas que levantó la medida, el Gobierno retrocedió este domingo y excluyó de la disposición a los habitantes que residen en alguna de las 46 comunas que están en cuarentena total, la primera de las cinco fases de confinamiento. Para el resto de 300 localidades, sin embargo, el permiso sigue vigente.
Independientemente del número de personas que residan en una vivienda, podrán recibir cinco visitas en espacios cerrados, como las propias casas o los patios privados. En lugares abiertos, en tanto, se permitirán reuniones de hasta 10 personas. En estos días no estará permitido que la ciudadanía se traslade a segundas viviendas de descanso, por lo que se instalarán cordones sanitarios en la capital y en las ciudades de Valparaíso, el Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas.
Durante las fiestas patrias chilenas se adelantará al toque de queda vigente por el estado de excepción: ahora rige entre las once de la noche y las cinco de la mañana, pero la prohibición de circular arrancará a las nueve de la noche. Estarán prohibidas las populares fondas, una especie de chiringuito donde se baila, bebe y come.
“Creemos que el mensaje que la medida transmite no es el adecuado”, señala a EL PAÍS el centro de estudios Espacio Público, antes de que el gobierno retrocediera y señalara que el permiso no estará vigente para las comunas confinadas. “En el escenario actual, con diseminación comunitaria del virus y comunas en cuarentena donde la epidemia incluso se está expandiendo con fuerza (como Punta Arenas), el llamado debió ser a extremar las medidas de precaución para no exponerse a un potencial contagio”, señala Espacio Público, que ha cumplido un papel central en la fiscalización de la estrategia oficial de la pandemia.
En un país que pasó su pico de la covid-19 a mediados de junio, que cuenta hasta hoy 15.823 muertes entre casos confirmados y sospechosos, los permisos generaron críticas, incluso en el oficialismo. Sergio Giacaman, intendente del Biobío –representante del ministerio del Interior en la región, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago–, había criticado por “permisivos” y “contradictorios” los anuncios del Ministerio de Salud en el marco de las fiestas patrias, debido a que siete comunas del Biobío están en cuarentena. Giacaman pidió que no se apliquen los permisos en la zona, el Ejecutivo le pidió corregirse, pero el intendente no aceptó. Los gremios productivos y organizaciones empresariales del Biobío lo apoyaron y pidieron no aplicar los permisos en las comunas con cuarentena.
El plan del Gobierno para las fiestas patrias, bautizado Fondéate en tu casa, que hace un guiño a las fondas y a un chilenismo que significa esconderse, ha sido criticado este fin de semana por la oposición y alcaldes de diferentes lugares de Chile. El edil de Punta Arenas, Claudio Radonich, del partido oficialista RN, indicó que “con estas medidas se va todo al tacho” y solicitó al Ministerio de Salud que no se apliquen en su ciudad, en el extremo sur del país, que tiene 1.026 casos activos y la mayor incidencia que haya registrado alguna región del país en toda la pandemia (606,6 contagios por cada 100.0000 habitantes).
Luego de que este mediodía, el gobierno informara que los habitantes de las 46 comunas en cuarentena no podrán salir ni recibir visitar, autoridades de diferentes sectores valoraron la corrección de La Moneda.
Las medidas de la Administración de Piñera tienen consecuencias sanitarias, pero también políticas: el 25 de octubre se celebra el plebiscito que definirá la suerte de la Constitución vigente de 1980, redactada en la dictadura, donde no podrán votar quienes estén contagiados. Las fuerzas políticas se han dado un plazo hasta mediados de este mes para tomar una decisión transversal sobre una cada vez más difícil nueva postergación del referéndum.
