Este miércoles Chile ha llevado a cabo la expulsión administrativa de migrantes más masiva realizada en el país en un solo día. Han sido deportadas 138 personas, de ellas 86 son ciudadanos venezolanos y colombianos, que partieron en un vuelo hacia sus respectivos países, y 52 son migrantes provenientes de Bolivia y Perú, que fueron trasladados en autobuses.
La expulsión administrativa que rige en Chile afecta a las personas que hayan ingresado irregularmente en el país hace menos de tres meses.
“Con esto notificamos a las personas que piensan ingresar a Chile de manera clandestina que se arriesgan a un proceso de expulsión tal como lo dice la ley”, sostuvo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en una comparecencia ante los medios.
A pesar de esa dura advertencia, Delgado admitió que los migrantes irregulares “son víctimas” de las condiciones de sus países de origen, así como de traficantes de personas que les cobran y les ofrecen expectativas de mejorar sus vidas en Chile, que luego no se cumplen.
Críticas y exigencia de respuesta humanitaria
Desde organizaciones de derechos humanos y políticos de la izquierda chilena se ha criticado esta medida, al considerar que el Gobierno de Sebastián Piñera apuesta por aplicar medidas extremas contra los migrantes en vez de enfrentar el problema como un tema humanitario.
Una de las primeras organizaciones en manifestar su preocupación por la situación, así como en exigir una respuesta humanitaria a la crisis migratoria, ha sido el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM). También el secretario general de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, ha criticado las bases legales de la expulsión de migrantes, sosteniendo que “el ingreso clandestino no es delito”, como recoge La Tercera.
Tras la crisis en la frontera norte del país, en particular en las localidades de Colchane y Huara, donde a principios de este mes se incrementó abultadamente el número de migrantes que trataron de acceder a Chile a través de pasos no habilitados, el número de ingresos irregulares ha disminuido.
Según las cifras del Gobierno, este martes entraron en el país 42 personas de manera irregular, frente a las más de 300 diarias que se registraban hace tan solo una semana.
