La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras informa a la opinión pública nacional e internacional que, como resultado de la denuncia del Convenio del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia (CCAJ) por parte de la totalidad de los Estados Parte —Nicaragua el 18 de marzo de 2025, Honduras el 29 de abril de 2026 y El Salvador el 20 de mayo de 2026— dicho órgano jurisdiccional ha quedado desprovisto de su instrumento jurídico constitutivo, procediendo en consecuencia el cese de sus funciones y la pérdida de su personalidad jurídica internacional.
En este marco, el Acuerdo de Sede suscrito entre Nicaragua y la CCAJ, siendo un instrumento de naturaleza accesoria al Convenio constitutivo, ha perdido igualmente su objeto, eficacia y razón de ser, al haberse desprendido el ente internacional al que brindaba soporte institucional. Honduras reconoce y respeta que, en el ejercicio de su soberanía y en atención a sus competencias exclusivas en materia de control migratorio, seguridad interior y orden público, reconocidas en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, el Estado de Nicaragua conserva la plena facultad de determinar las condiciones de ingreso, permanencia y estancia de personas extranjeras en su territorio, particularmente cuando ha cesado la vigencia del marco jurídico internacional que sustentaba la calidad funcional de los beneficiarios de las prerrogativas establecidas en dicho Acuerdo de Sede.
No obstante lo anterior, Honduras reafirma que su retiro de la Corte Centroamericana de Justicia fue una decisión soberana y conforme al derecho internacional. Sin perjuicio de ello, el Estado hondureño insta que toda medida adoptada por Nicaragua respecto de ciudadanos hondureños que se desempeñaban en una institución regional se ejecute con trato digno, comunicación oficial, garantías consulares, respeto a sus capacidades, bienes y familias, y conforme a los instrumentos aplicables a organismos regionales y al jus cogens.
Honduras se encuentra actualmente coordinando, junto a las instancias correspondientes, el proceso de cierre ordenado, liquidación de personal y gestión administrativa de la Corte, actuando con la responsabilidad institucional y el apego al derecho internacional que han caracterizado la política exterior hondureña.
