Este lunes el gobierno de Estados Unidos anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 70,000 hondureños que residían legalmente bajo esta figura.
Esta decisión pone fin a una protección que duró más de dos décadas y deja a miles de personas en una situación de incertidumbre respecto a su estatus migratorio.
Aunque el TPS vencía inicialmente el 5 de julio, fue hasta hoy que se confirmó oficialmente su cancelación. Esto afectará de forma directa a muchas familias hondureñas que dependen de este estatus para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, poniendo en riesgo su estabilidad económica y social.
Ante esto, el vicecanciller de la República, Antonio García, manifestó que el gobierno buscará el diálogo con el gobierno de Estados Unidos, ante el duro golpe a los compatriotas.
La cancelación del TPS no solo impacta a los migrantes, sino también a las comunidades que los han acogido, ya que muchos contribuyen activamente a la economía local.
La incertidumbre y el temor a la deportación generan un clima de angustia entre miles de familias que han construido sus vidas lejos de su país natal.
