Diez años después del asesinato de Bertha Cáceres, pionera en la lucha de los derechos de las comunidades indígenas de Honduras, su hija Bertha Zúniga Cáceres sigue buscando rendición de cuentas, y en entrevista con EFE explica lo mucho que queda para que se haga justicia en ese caso, así como en la lucha por la tierra y los recursos de los pueblos originarios.
«Mi madre nos enseñó a luchar, a defender nuestros territorios, a alzar nuestra voz», recuerda desde la sede europea de la ONU en Ginebra, donde se reunió con relatores de derechos humanos para analizar la situación de los indígenas en su país y el proceso de rendición de cuentas en torno a la muerte de su madre.
Bertha Cáceres, activista del pueblo lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue asesinada el 2 de marzo de 2016 después de años de defensa de los derechos de su comunidad que incluyeron protestas contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA).
Ocho personas fueron condenadas, entre ellas tres vinculadas a la empresa, «pero no han sido llevados ante la justicia los principales actores», lamentó Zúniga, citando entre ellos a los mayores accionistas de DESA, «vinculados con una de las familias más poderosas en Honduras, los Atala Zablah».
Ramificaciones europeas
Zúniga subrayó que el «proyecto ilegal» de Agua Zarca «generó violencia, persecución y criminalización contra COPINH» y en él participaron no sólo actores nacionales sino también internacionales, entre los que citó el banco de desarrollo neerlandés FMO.
«Hemos presentado una denuncia en Países Bajos contra este banco y esperamos que se determine su responsabilidad», señaló la hija de Cáceres, quien destacó que la Unión Europea también debe intensificar sus requisitos de diligencia debida para las empresas en materia de derechos humanos.
«Conversamos en distintos espacios de la UE para que el dinero no sea utilizado en violaciones de derechos humanos o incluso en delitos financieros que tengan que ver con el fraude o el lavado de activos», indicó.
Desde COPINH, organización de la que Zúniga es actualmente coordinadora general, se presiona para que en estrategias de la Unión Europea como la Global Gateway, con amplias inversiones en Honduras, se incluyan cláusulas de derechos humanos y lucha contra la corrupción «para que no queden a voluntad de bancos o empresas europeas las políticas que implementan».
Los abusos continúan diez años después
Diez años después de la muerte de Cáceres, su hija subraya que se han hecho más visibles las persecuciones a los líderes sociales y ambientales, pero las causas estructurales de esa violencia persisten, como se vio el mes pasado con la masacre de una veintena de campesinos en Rigores (norte del país) en un conflicto de tierras.
