La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) se notificó en las últimas horas del Auto de Apertura a Juicio emitido en contra de 11 exdirectivos y exfuncionarios del Instituto de Previsión del Magisterio (INPREMA) acusados por irregularidades en un contrato de licitación del proyecto de pavimentación de la colonia capitalina La Cañada.
Se trata de los exmiembros del Comité Ejecutivo, Pedro Arnaldo Pinto, Darío Roberto Cardona Valle, José Alejandro Ventura, Oscar René Recarte, Saturnino Sánchez, Milton Daniel Bardales y Lorenzo Sauceda Cálix, así como los exintegrantes de la Junta Evaluadora del Proyecto, René Elizabeth Gutiérrez, Ángel Moisés Perdomo Laínez, Mario Alberto Batres y Oscar Nahun Rubí Flores.
A todos los imputados se les notificó en enero pasado la resolución de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán de fecha 17 de julio de 2017 que declara “Con Lugar” un Recurso de Apelación del Ministerio Público, con lo cual se revocan los sobreseimientos provisionales emitidos a su favor en primera instancia y se dicta Auto de Formal Procesamiento en su contra.
Los exdirectivos y exfuncionarios del IMPREMA fueron requeridos penalmente por diversos delitos, entre ellos, Abuso de Autoridad, Fraude y Malversación de Caudales Públicos, luego que las investigaciones de la FETCCOP determinaran que en el año 2008 se emitió irregularmente un decreto de emergencia que autorizaba la contratación directa de la empresa PRODINCO para cementar las calles de colonia La Cañada, cuyo monto total ascendió a más de 23 millones de lempiras, dándose en diferentes etapas del proceso una serie de anomalías que contravienen la Ley de Contratación del Estado y en lo referente a las disposiciones generales de presupuesto y de carácter financiero.
En ese contexto, el Tribunal de Alzada, en su resolución de julio de 2017, le dio la razón al Ministerio Público en el sentido que existían los suficientes indicios racionales de participación de los procesados con los hechos imputados.
De momento, las medidas cautelares de no salir del país y firmar una vez por semana en la secretaria del Juzgado a los imputados en caso INPREMA fueron impuestas por el juez competente, no obstante en el caso de Darío Roberto Cardona Valle y Alejandro Ventura, el Ministerio Público pretende que se declare la improcediencia de dichas medidas sustitutivas, en razón de que ambos tienen otros procesos penales activos y lo que cabe es la Prisión Preventiva.
