Entre 4 mil y 5 mil cámaras que componen el Sistema Nacional 911 a nivel nacional siguen inoperativas, pese a la promesa gubernamental del pasado 30 de marzo que un plazo de un mes estarían disponibles para hacerle frente a la ola de criminalidad que cobra la vida en forma violenta de 10 personas diarias.
Un impasse entre el gobierno y el operador privado del sistema, específicamente en el cumplimiento de contrato firmado el gobierno anterior, impide que las cámaras presten su servicio a favor de la ciudadanía en general.
Las cámaras de vigilancia ciudadana eran una herramienta -casi indispensable- para el éxito de los operadores de justicia y sus diligencias en casos penales e incluso cuando ocurrían accidentes de tránsito en vía pública.
El sistema de cámaras, además, era un disuasivo para los criminales, quienes evitaban ejecutar delitos en la vía pública porque sabían que quedarían grabados en los dispositivos tecnológicos.
Es importante mencionar que el 28 de febrero de este año se integró la Comisión Interventora que como fin principal debería poner a funcionar en legal y debida forma el Servicio de Emergencia 911.
La comisión quedó integrada por al abogado Roberto Reina, el ingeniero en Sistemas Gosset Moncada y el auditor Gerardo Antonio Hernández Ochoa.
Desde el 2022 la actual gestión gubernamental denunció que el Sistema 911 quedaba suspendido porque el gobierno anterior dejó suscrito un contrato por 150 millones de dólares, pero el gobierno dice que el mismo presenta vicios de nulidad, un cobro mensual de 1.8 millones de dólares por el soporte y el mantenimiento de la red que es rentada a un servidor primario.
