Ante un sistema de salud donde el acceso y la calidad de los servicios dependen cada vez más del poder adquisitivo de la ciudadanía, el Instituto de la Justicia hizo un llamado urgente a impulsar un pacto nacional por la salud que permita transformar de manera estructural e integral el sistema sanitario hondureño, en beneficio de los sectores históricamente excluidos.
En la segunda entrega de la serie Estado de país 2026, el Instituto de la Justicia alertó sobre la crisis estructural del sistema sanitario hondureño, caracterizada por acceso limitado a medicamentos, largas listas de espera para cirugías, baja cobertura de vacunación y un enfoque centrado en la atención curativa en lugar de la prevención.
Entre los hallazgos más preocupantes, el informe destaca el deterioro en las condiciones nutricionales de la población. La desnutrición ha aumentado de 13 % en 2018 a 15 % en 2023, mientras que en 2024 el 40 % de la población no contaba con ingresos suficientes para costear una dieta saludable (FAO). Esta situación impacta directamente en el desarrollo infantil, incrementa el riesgo de enfermedades crónicas y limita la productividad económica del país.
De forma paralela, la obesidad también muestra una tendencia al alza. Entre 2015 y 2022 aumentó un 5%, alcanzando el 30 % de la población, lo que implica que casi uno de cada tres hondureños vive con esta condición, asociada a enfermedades como diabetes tipo 2, hipertensión, padecimientos cardiovasculares, entre otras.
El Instituto de la Justicia advirtió que, de no atenderse de manera oportuna, estas tendencias aumentarán la carga de enfermedades crónicas y mortalidad, sobrepasando aún más la capacidad de respuesta del sistema de salud.
Otros indicadores
En términos de cobertura, aunque en la última década se han incorporado 166 establecimientos de salud (un incremento del 10 %) y el número de médicos aumentó de tres a cinco por cada 10 mil habitantes, las atenciones han disminuido significativamente. De registrar cerca de 10 millones de atenciones anuales en el primer nivel antes de 2016, la cifra cayó a 7.4 millones en 2024 y apenas tres millones en el segundo nivel.
El informe también alerta sobre el retroceso en la cobertura de vacunación. Tras haber alcanzado niveles del 100 % entre 2014 y 2016, la reducción de fondos y el abandono de buenas prácticas provocaron una caída por debajo de los estándares recomendados, lo que ya ha tenido consecuencias: luego de casi tres décadas sin casos, en 2026 se reportaron sospechas de sarampión y nueve muertes por tosferina.
En cuanto a la calidad de la atención, persisten serias deficiencias en el acceso a medicamentos. En los últimos tres años, menos del 80 % de los pacientes del sistema público recibieron sus tratamientos completos, evidenciando fallas en los procesos de compra y distribución. A esto se suma una elevada mora quirúrgica: más de 10,000 personas permanecieron en lista de espera durante 2025 y más de 40 quirófanos continúan fuera de servicio, en muchos casos por problemas de gestión.
Cabe señalar que, en 2025, el gasto en salud cayó a 2.8 % del PIB, muy por debajo del 6 % recomendado por la OPS, mientras entre 2022 a 2025 se dejaron de ejecutar L 7,296 millones del presupuesto asignado a salud.
