El Gobierno de Argentina lanzó este lunes el denominado plan de seguridad Guaçurarí, cuyo objetivo es «blindar» la frontera con Brasil mediante el refuerzo de los controles en la zona limítrofe.
«No permitiremos que ningún milímetro del territorio argentino sea tomado por el delito», aseveró la ministra de Seguridad Nacional argentina, Patricia Bullrich, al presentar el plan.
Según lo anunciado, se «blindarán» 25 kilómetros de frontera terrestre entre la provincia argentina de Misiones (noreste) y Brasil, una zona que el Ministerio de Seguridad Nacional argentino calificó en un comunicado como «epicentro del contrabando y de delitos trasnacionales».
Allí habrá tareas coordinadas entre las fuerzas federales de seguridad, la Policía de la provincia de Misiones, la Aduana argentina y la dirección de Migraciones.
Como parte del plan, se intensificarán los controles en las carreteras y en los pasos fronterizos, principalmente el que une la ciudad argentina de Bernardo de Irigoyen con la localidad brasileña de Dionisio Cerqueira.
Las acciones en la frontera entre Brasil y Argentina
Según el Gobierno de Javier Milei, habrá «colaboración» con la Policía del estado brasileño de Santa Catarina y los alcaldes de las localidades fronterizas del lado brasileño, «quienes también sufren los efectos de la violencia criminal en la región».
Bullrich sostuvo que hasta ahora la frontera con Brasil había estado «abandonada» y «sin una estrategia clara», lo que «permitió que el crimen organizado se asentara, generando violencia, contrabando, narcotráfico y sicariatos».
Según la ministra, solo en 2023 se registraron siete asesinatos por encargo en esa zona, vinculados directamente a redes criminales.
Bullrich aseguró que desde febrero pasado las fuerzas federales de Argentina han intensificado los operativos en la frontera con Brasil, «logrando incrementar exponencialmente los secuestros de drogas y productos que afectan la economía nacional».
Sin embargo, advirtió que esta «ofensiva generó reacciones violentas, con atentados, amenazas e intimidaciones directas» contra miembros de la Gendarmería (policía de frontera).
