El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llamado a los grupos ilegales armados a sumarse a la iniciativa de “paz total”, sin embargo y pese a la respuesta de éstos de acogerse a la propuesta, líderes sociales que se dedican al cuidado, defensa y promoción de los derechos humanos de sus territorios siguen siendo víctimas de guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes.
La cifras documentadas por la oenegé Indepaz son similares a las entregadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia, la única organización estatal que registra esta información, según la cual hasta el 28 de octubre se habían contabilizado 157 asesinatos contra los 169 reportados por la oenegé a la fecha.
“Ser líder social tiene muchos riesgos, es poner en riesgo la vida y la estabilidad emocional y económica de la familia, cuando el líder es quien sostiene la familia, cuando el líder es a quien la comunidad escucha y sigue”, dijo Carlos Mauricio Muñoz, líder social que defiende los derechos de su comunidad en el Bajo Cauca, en el departamento colombiano de Antioquia, una región donde según cifras de la Defensoría del Pueblo se reporta el mayor número de homicidios contra esta población.
“A los líderes les toca ser interlocutores con los grupos armados que hay en el territorio, con todos los actores armados que lleguen, entonces muchos casos nos estigmatizan por tener que ser un puente entre estos grupos y la comunidad”, agregó Muñoz.
Los líderes sociales que más han sufrido la violencia por parte de estos grupos como el Clan del Golfo, grupos narcotraficantes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, son los representantes comunales con 51 casos, seguidos de indígenas con 32, comunitarios 26 y campesinos 14.
Los departamentos colombianos donde se han presentado el mayor número de homicidios contra los líderes sociales son Nariño, Cauca, Putumayo, Antioquia, Valle del Cauca, Arauca, Bolívar y Norte de Santander.
