Dos organizaciones internacionales recomendaron al Gobierno de Canadá imponer sanciones contra el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y otros funcionarios de su Gobierno por las «graves violaciones de derechos humanos» cometidas en el marco de un régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022 y que suspende garantías constitucionales a toda la población.
Se trata de las ONG Human Rights First (HRF) y el Raoul Wallenberg Centre for Human Rights (RWCHR), que también pidieron sanciones para «altos funcionarios militares y policiales», de acuerdo con un comunicado emitido este martes.
«La evidencia presentada por HRF y RWCHR al Gobierno canadiense detalla la participación de estos funcionarios en una campaña de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso que ha afectado a decenas de miles de personas», indicaron en la misiva.
Amanda Strayer, asesora jurídica principal para la rendición de cuentas en Human Rights First, dijo, de acuerdo con la nota, que «el régimen de Bukele ha perpetrado graves violaciones de derechos humanos a una escala no vista en El Salvador desde la guerra civil del país, y se necesita con urgencia justicia y rendición de cuentas para presionar al gobierno a poner fin a esta crisis».
«Instamos al Gobierno canadiense a ejercer su liderazgo en favor de los derechos humanos e imponer sanciones de tipo Magnitsky a los funcionarios responsables de estos abusos generalizados y atroces», acotó.
De acuerdo con el comunicado, «bajo la Ley de Justicia para las Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos, que permite a Canadá imponer restricciones financieras contra quienes sean responsables o cómplices de ‘graves violaciones de derechos humanos’».
«Como arquitecto del régimen de excepción de El Salvador, el presidente Bukele es responsable de los abusos cometidos por funcionarios salvadoreños en la ejecución de su llamada ‘guerra contra las pandillas’ desde 2022», sostuvieron las organizaciones.
Precisaron que «otros altos funcionarios salvadoreños, incluidos el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna Meza; y el ministro de Defensa Nacional, René Merino Monroy, también son responsables de los abusos cometidos por funcionarios de las dependencias que supervisan».
«Human Rights First y RWCHR han recomendado sanciones en Canadá contra estas cuatro personas por su participación en graves violaciones de derechos humanos, siguiendo una recomendación similar que Human Rights First hizo al gobierno de Estados Unidos en 2023», subrayaron.
Bajo este régimen, las garantías constitucionales de toda la población -del derecho a la defensa o la inviolabilidad de las comunicaciones- se encuentran suspendidas, y la medida ha dejado más de 92.950 detenciones de personas que la Administración de Bukele acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.
La medida, que diversos analistas dicen que también se ha utilizado para tratar de acallar voces críticas del Gobierno de Bukele, continuará vigente al menos hasta el 27 de septiembre, tras la prórroga 54.
En tanto, las organizaciones humanitarias suman al menos 6.400 denuncias de atropellos y 554 muertes de detenidos en custodia estatal, la mayoría con señales de violencia, según las denuncias.
