“Según el auto acordado, la única resolución que permite recurso es la sentencia que determina si procede o no procede la extradición, pero el hecho de que le hayan admitido la apelación, por el cambio de las medidas y la votación haya quedado 14 a 1, demuestra que por la menos para un magistrado es políticamente susceptible de favorecerlo”.
Así analiza el abogado penalista y experto en procesos de extradición, Raúl Suazo Barillas, el proceso de extradición que se le sigue al expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado.
“En los 32 procesos anteriores la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha sido unánime al establecer afirmativamente la existencia de elementos indiciarios suficientes para admitir a trámite y otorgar la extradición en base a pruebas de culpabilidad que presenten y suficientes”, explicó el profesional del derecho.
De igual forma, Suazo es del criterio que ha sido para la CSJ la acusación criminal y las declaraciones de personas que han llevado a cabo la investigación, conforme a las leyes de Honduras esto ha sido suficiente para los jueces hondureños el admitir los requerimientos con las simples “denuncias anónimas”.
“Desde el primer hondureño extraditado, se argumentaron desde la improcedencia del tratado de extradición, la violación al principio de legalidad; a la errónea interpretación al Tratado de Extradición de no cumplir con los requisitos de las pruebas que se deben de acompañar y la Corte Suprema fue clara que este proceso es de segundo grado y que hablar y discutir las pruebas no es trabajo de ellos, ya que sería intromisión en la justicia de otro país”, precisó.
VOTOS A FAVOR
El profesional del derecho es del criterio que “el mensaje que envía el expresidente, Juan Orlando Hernández, manifestando que su caso será estudiado en el futuro, da a entender que tiene políticamente por lo menos los ocho votos, que se requieren para declarar no ha lugar la extradición”.
De igual forma, “lo expresado mediante comunicado por la Procuraduría General de la República (PGR) solicitando la intervención del Ministerio Público en el aseguramiento de sus bienes y luego que se haya retractado a fin de esperar hasta que se difiera el aseguramiento hasta que esté confirmada la extradición, me pareció muy raro, ya que la Ley de Privación de Dominio, con el fin de asegurar los bienes, puede el MP preventivamente asegurarla para evitar que se traspasen, se oculten o se desaparezcan, y no estaría infringiendo la Ley”.
Suazo Barillas sostuvo que “si analizamos todo en su conjunto más que en Honduras las votaciones de la CSJ en los casos de interés nacional se han hecho por mayoría dividida en forma partidista me da casi la certeza de que la votación será que no proceda la extradición”.
“Esta defensa (la de JOH) no ha hecho más que las otras defensas, ahora bien, hay que ver si prevalece quién es quién en este país y si se trata a todos los hondureños igual o si en efecto si hay clases privilegiadas”, remarcó.
NO TIENE INMUNIDAD
“El artículo seis dice que si el criminal evadido cuya entrega pueda reclamarse con arreglo a las estipulaciones del presente convenio se halla actualmente enjuiciado, libre con fianza o preso por cualquier delito, ninguno de ellos se encuentra comprendido el expresidente Hernández, ya que una simple denuncia si forma parte del proceso, pero no significa estar enjuiciado”, detalló Suazo.
“Para tener inmunidad en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), debería gozar de ese beneficio en su país, pero en Honduras nadie tiene inmunidad desde que fue suspendida cuando el presidente del Parlamento era Porfirio Lobo (2002-2006), quien después fue gobernante del país (2010-2014), asimismo, el parlamento señala que sus diputados solo van a tener los derechos de privilegios e inmunidades que les otorgare su país de origen, lo que no abarcaría a Hernández porque en Honduras no goza de inmunidad”, ahondó el abogado.
