Agentes de tribunales del Ministerio Público (MP) asignados a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) en conjunto con agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizan diligencias investigativas en la municipalidad de Puerto Cortés, por denuncias de supuestas irregularidades.
El equipo a cargo de la investigación decomisa documentos y realiza la toma de declaraciones que permitan establecer un posible delito de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Las diligencias investigativas están encaminadas a verificar el procedimiento para pagos de contratos diversos por un valor de 27 millones de lempiras pagados a Rosibel Morán Montes como posible contratista de la municipalidad de Puerto Cortés del año 2013 al 2021.
Según las diligencias preliminares, Rosibel Morán Montes bajo el instrumento público de fecha 12 de mayo de 2015 e inscrita en la Cámara de Comercio e Industria de Puerto Cortés ofertó productos y servicios a la municipalidad antes de ser reconocida la existencia legal de la empresa de la cual es representante.
Durante los años 2013 al 2021 la empresa de Rosibel Morán Montes venía suscribiendo contratos menores de limpieza, barrido de calles, bulevares, balastreo de calles entre otros que por ser considerados de valores mínimos los mismos para dichos contratos se obviaron los procesos de licitación pública, pese a que la cifra total a pagar asciende a los 27 millones de lempiras.
Todos los contratos suscritos entre la municipalidad de Puerto Cortés y Rosibel Morán Montes figuran para la ejecución de obras menores, posiblemente para no alcanzar el monto que establece la Ley de Contratación del Estado para así presuntamente obviar una posible licitación pública.
La investigación dirigida por el equipo fiscal, también busca esclarecer si realmente las obras establecidas en el contrato fueron ejecutadas, además de escudriñar porqué a una sola persona se le otorgaron más de docenas de contratos representando un pago de más de 27 millones de lempiras.
