La Policía española detuvo en Madrid a 52 personas, la mayoría de nacionalidad hondureña, que se dedicaban a la falsificación de documentos para extranjeros en situación irregular en España, a los que cobraban entre 200 y 7.500 euros, y que captaban en una ONG y en una iglesia evangelista de Madrid.
Los arrestados tienen entre 26 y 55 años, sólo dos de ellos tienen antecedentes, y aunque la mayoría son hondureños, entre los detenidos hay españoles, nicaragüenses y venezolanos, informaron este martes a Efe fuentes policiales.
A los principales líderes del grupo se le imputan los delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil, denuncia falsa, delitos contra los derechos de los extranjeros, intrusismo profesional, amenazas, coacciones y pertenencia a organización criminal.
La investigación continúa abierta, ya que parte de la organización criminal se encuentra establecida en Honduras, país al que se enviaba el dinero obtenido, según afirma la Policía española en un comunicado.
Las pesquisas comenzaron en enero de 2019 cuando los investigadores detectaron que dos mujeres presuntamente se dedicaban a presentar solicitudes de autorizaciones de residencia con documentos falsificados, por lo que realizaron un filtrado de todas las solicitudes en las que pudieron constatar la actividad delictiva.
La red había establecido un estricto protocolo de seguridad a la hora de presentar las solicitudes. Cambiaba continuamente de teléfono y de correo electrónico, hasta el punto de que la Policía llegó a registrar al menos 24 números de teléfonos distintos en más de 300 solicitudes de residencia.
La banda captaba a ciudadanos extranjeros, que pretendían regularizar su situación en España, en un lugar de culto y les exigían entre 200 y 7.500 euros, en función de la cantidad de documentos que necesitaran falsificar.
En ese proceso estaban presuntamente implicadas las mismas dos mujeres que presentaban las solicitudes y un tramitador de expedientes.
Los agentes detectaron e identificaron al líder de la estructura criminal, quien además se encargaba de ofrecer contratos de trabajos ficticios.
Otro de los responsables de la red gestionaba los empadronamientos ilegales de los ciudadanos engañados, requisito indispensable para regularizar la situación legal.
En algunas ocasiones incluso amenazaban telefónicamente con números ocultos o desde Honduras a los ciudadanos extranjeros o a sus familiares, en el caso de que contaran el procedimiento ilícito por el que pretendían regularizar su situación en España.
