Tegucigalpa. Francisco Morazán. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) está a la espera que la Corte de Apelaciones Natural que conoce la causa VP-36-2018, emita resolución a la solicitud de ampliación de la medida cautelar de Prisión Preventiva impuesta al exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado y su socio Luis Fernando Urrutia, misma que se envió en formato digital al secretario designado desde el pasado 30 de junio.
Se trata del sonado caso Pandora, cuyo Requerimiento Fiscal se interpuso en el 2018 ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de 38 funcionarios y personas naturales, involucrados en los delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, por un monto superior a 282 millones de lempiras.
Estos hechos fueron denunciados por un inversionista extranjero y Cónsul Honorario de Italia en Roatán, relacionados a la utilización indebida de la Fundación Dibattista, en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoria especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la SAG.
Durante las investigaciones, se encontró indicios suficientes que fondos públicos destinados a proyectos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, para fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón, mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco y escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habrían sido destinados a financiar campañas políticas en el año 2013 y otros gastos personales de los implicados por un monto exacto de 282,016,175.00 lempiras.
Estos recursos provenían de la SAG y de la Secretaría de Finanzas. Para tal fin fueron utilizadas las Fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, a las cuales se les otorgó los fondos para supuestamente desarrollar dichos proyectos, pero que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y Partido Liberal (PL).
Entre los principales hallazgos descubiertos por los equipos de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC, ahora UFERCO), la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), figuran: parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”, se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para el día E (elecciones del 24 de noviembre de 2013), se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) por un valor de 99,030,000.00 de lempiras.
Los imputados del caso Pandora son: Jacobo Regalado, Elvin Ernesto Santos, Rodolfo Irías Navas, José Celín Discua Elvir, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Lenín Roberto Rodas, Denis Enrique Pacheco, Eduardo Enrique Lanza, José Adolfo Sierra, Lenín Chávez, Armando Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Erick Toruño Colindres, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Elvin Santos Lozano, Sixto Pineda Hernández, Norma Keffy Montes Chandías, Velkys Rosibel Hernández, Laura Aidee Arita Palma, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Fernando Josué Suarez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.
