La decisión de pedir la extradición de Julian Assange indica un viraje drástico en la actitud del gobierno estadounidense hacia el fundador de WikiLeaks, como lo muestran varias señales que aparecieron en los primeros días del gobierno de Donald Trump.
El Departamento de Justicia durante la presidencia de Barack Obama realizó largas discusiones internas acerca de si acusaría a Assange, dados los temores de no poder sustentar la acusación en los tribunales y que apareciera como un ataque al periodismo por un gobierno ya criticado por perseguir a los filtradores.
Sin embargo, altos funcionarios del gobierno de Trump dieron indicios claros desde el inicio que su posición era distinta, al elevar la retórica contra WikiLeaks luego de que reveló las herramientas de ciberespionaje de la CIA.
“WikiLeaks actúa como un servicio de inteligencia hostil y habla como un servicio de inteligencia hostil”, dijo el entonces director de la CIA Mike Pompeo en abril de 2017, en su primer discurso público como jefe de la agencia.
“Assange y la gente de su calaña buscan la autopromoción personal por medio de la destrucción de los valores occidentales”, dijo Pompeo.
Una semana después del discurso del director de la CIA el entonces secretario de Justicia, Jeff Sessions, dijo que el arresto de Assange era una prioridad dentro de la política del Departamento de reprimir las filtraciones.
“Ya estamos haciendo mayores esfuerzos y donde se pueda armar un proceso, trataremos de enviar a alguna gente a la cárcel”, declaró.
Pompeo, ahora secretario de Estado, se negó a hablar del asunto el viernes al activarse la persecución legal de Assange tras su expulsión de la embajada ecuatoriana en Londres.
El gobierno estadounidense se niega a aclarar su decisión de acusar a Assange solamente de asociación ilícita para infiltrarse en una computadora, un cargo que se remonta a 2010. Se le acusa de ayudar al entonces analista de inteligencia militar Chelsea Manning a descubrir una contraseña que le dio acceso a redes informáticas secretas.
Tampoco aclara si el gobierno de Obama poseía las mismas pruebas que constituyen la base de la acusación o si se presentarán nuevos cargos contra Assange en el caso de que sea extraditado a Estados Unidos.
Sin embargo, un funcionario estadounidense que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de asuntos internos y legales dijo que la génesis de la acusación es la llamada “filtración de la Bóveda 7” en 2017, cuando WikiLeaks difundió miles de páginas de documentos que revelaban detalles de la infiltración de la CIA en computadoras, teléfonos celulares y artefactos electrónicos de consumo.
Un exingeniero informático de la CIA fue acusado de violar la ley de espionaje al proporcionar la información a WikiLeaks y su juicio está previsto para comenzar en los próximos meses. La filtración fue lo que inclinó la balanza a favor de procesar a Assange.
La Bóveda 7 fue el clavo en el ataúd, por así decirlo, sostuvo la fuente.
Puso fin a años de ambivalencia acerca de qué hacer con Assange, quien recibió una lluvia de elogios cuando WikiLeaks publicó cientos de miles de cables del Departamento de Estado y documentos militares, muchos de los cuales revelaron hechos hasta entonces desconocidos sobre las guerras en Irak y Afganistán y sobre los detenidos en la base estadounidense de Guantánamo, Cuba.
Hasta el presente, Assange y WikiLeaks tienen partidarios en todo del mundo y se discute si la diseminación de documentos sin análisis ni filtros puede considerarse periodismo.
Daniel Ellsberg, el exanalista militar famoso por filtrar la historia secreta de la Guerra de Vietnam en los llamados Papeles del Pentágono, dijo que la acusación contra Assange constituye un esfuerzo “ominoso” para criminalizar un componente necesario del periodismo.
“Las acusaciones se basan en hechos conocidos por el gobierno de Obama, que optó por no iniciar un proceso debido al evidente cuestionamiento a la Primera Enmienda” constitucional, dijo Ellsberg a The Associated Press. La Primera Enmienda protege la libertad de expresión.
Un exfuncionario de Justicia, que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de discusiones internas, dijo que se desarrollaba un intenso debate en el seno del gobierno sobre la factibilidad de acusar a Assange de publicar materiales secretos robados.
No obstante, los fiscales temen que semejante acusación no sería sostenible en las cortes. Aunque no aceptaban la autocaracterización de Assange como periodista, dijo la fuente, existía el temor de que sería difícil justificar acusarlo de actos que realizan periodistas convencionales.
El exfuncionario dijo que el Departamento prefería una acusación como la que se presentó: un proceso centrado en una asociación ilícita para cometer ciberpiratería. Se trata de una violación completamente distinta que podría no afectar la Primera Enmienda o la libertad de prensa.
“Se trata de acusar a un periodista de asociación ilícita para penetrar en sistemas informáticos, que no difiere en absoluto con penetrar en un edificio o en una caja fuerte”, dijo Mary McCord, una alta funcionaria de seguridad en el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Obama. “La primera Enmienda no protege esa actividad”.
Es un punto de vista ampliamente compartido en el gobierno, incluso entre gente que simpatiza con la misión de la prensa.
“Este fue un esfuerzo deliberado y malicioso para hacernos daño, para dañar la seguridad nacional de Estados Unidos y me parecería bien que por fin alguien rindiera cuentas”, dijo David Pearce, embajador estadounidense en Argelia en 2010 cuando WikiLeaks difundió miles de cables diplomáticos. “Hasta ahora el señor Assange no ha tenido que rendir cuentas de nada”.
