Las redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, entre otras) medios masivos utilizados por los nicaragüenses para hacer denuncia social, están siendo amenazadas por el Gobierno del presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega, y funcionarios públicos, que pretenden controlarlas bajo el argumento de combatir el ciberacoso y garantizar la seguridad ciudadana.
La campaña viene en serie por medio de varios funcionarios públicos.
La propuesta inicial la hizo pública el viernes 9 de marzo la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, durante un acto de celebración del Día de la Mujer en los Juzgados capitalinos, donde expresó que “el acoso en línea se ha convertido en uno de los tipos de violencia más comunes y masivos, se escuda en el anonimato y los comentarios contra las mujeres tienden a ser personalistas, descalificativos y fuertemente sexualizados”.
El mediodía de este lunes 12 de marzo, el segundo jefe de la Policía Nacional, comisionado general Francisco Díaz hizo eco a la propuesta de Ramos al referirse a las falsas noticias que circularon en redes desde el día 9 de marzo, cuando ocurrió el secuestro de un niño en Chinandega.
Ese día circuló en redes la falsa noticia de una presunta banda de secuestradores de niñoscon fines de comercio de órganos, que en realidad se trataba de delincuentes de México de año atrás.
Según Díaz, esas son falsas noticias “alarman” a la población nicaragüense, ya que a raíz de esa publicación que algunos medios compartieron como cierta, se generó una ola de inseguridad en muchos ciberlectores que creyeron que se estaba desatando una epidemia de secuestros de niños.
Murillo orientó “abrir debate”
Luego apareció Rosario Murillo, vicepresidenta designada por el Poder Judicial, quien en su comparecencia de este lunes a mediodía, orientó al presidente de la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, Policía, Ministerio Público, entre otras instituciones a abrir el debate sobre el supuesto daño que estas publicaciones en redes sociales provocan a la tranquilidad de la familia y amenazan el modelo de seguridad nacional ciudadano “qué tanto trabajo ha costado construir”.
La magistrada Ramos argumentó que el ciberbullying y ciberacoso se presentan cada vez más frecuentemente y que “laceran la dignidad, denigra y humilla, en especial a las mujeres. Los hombres no se escapan, pero siempre está dirigido de forma especial a las mujeres, y se utiliza a los hombres como referencia para denigrar a las mujeres”, según nota de prensa de la institución.
Para organismos de mujeres y defensores de derechos humanos lo que existe detrás de esta propuesta es querer callar a la población que hace uso de estos medios para denunciar corrupción estatal y los abusos de los funcionarios públicos, como se puede apreciar en el caso recurrente de agentes de la Policía de Tránsito.
“Están asustados porque no pueden detener la crítica en las redes sociales , ahora están buscando medios para callarnos y poner un bozal, lo cual sería otra muestra del totalitarismo de este Gobierno”, denunció Magaly Quintana, defensora de los derechos humanos de las mujeres.
“Llevamos más de diez años las organizaciones de mujeres sufriendo el ciberacoso de las troles que el gobierno controla y usa para atacarnos en las redes sociales, llevamos cientos de mujeres víctimas de femicidios y en vez de fortalecer la ley 779 para contrarrestar esa violencia, ahora quieren regular las redes sociales para dizque defender a las mujeres del ciberacoso, cuando lo que quieren es controlar las redes sociales como ya controlan a la mayoría de los medios de comunicación”, dijo Quintana, para quien la preocupación del gobierno estaría enfocada en atacar la libertad de expresión. Cortesía: laprensa.com.ni
