El fin del TPS de El Salvador ha llegado oficialmente a su fin este 9 de septiembre, tras más de dos décadas de vigencia ininterrumpida para los centroamericanos en los Estados Unidos.
Lo que debes saber:
Cuscatlecos en vilo
La decisión dictada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) priva de un permiso de trabajo y de protección contra la deportación a un grupo estimado de entre 170 mil y 200 mil salvadoreños que residían legalmente en el país norteamericano.
Pese a las gestiones de legisladores demócratas y la estrecha alianza política con el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, la Administración republicana optó por no renovar el beneficio Estatus de Protección Temporal (TPS).
La medida se enmarca en una ofensiva más amplia impulsada por el presidente Donald Trump contra el programa humanitario creado originalmente en 1990 para dar cobijo a víctimas de conflictos armados y desastres naturales.
Desde el inicio de su mandato, la actual gestión ha desmantelado progresivamente el TPS para más de una docena de países, afectando a cerca de un millón de beneficiarios internacionales. Tras las recientes cancelaciones aplicadas a naciones como Honduras, Nicaragua, Haití, Venezuela y Siria, solo un reducido número de países mantiene la protección activa bajo este esquema.
Cabe recalcar que de los 17 países que antes contaban con algún tipo de protección para refugiados, ya solo quedan tres, siendo estos, Ucrania, Líbano y Sudán.
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El argumento oficial sostenido por la Casa Blanca afirma que el programa fue concebido de manera estrictamente temporal y que las circunstancias extraordinarias que justificaron la asignación inicial han variado sustancialmente.
Según los portavoces gubernamentales, El Salvador cuenta hoy con condiciones operativas idóneas para recibir a sus connacionales. No obstante, defensores de los derechos de los inmigrantes y organizaciones civiles replican que el país centroamericano aún enfrenta graves carencias socioeconómicas, sumadas a los cuestionamientos internacionales hacia el régimen de excepción vigente.
¿Qué pasará con ellos?
El fin del programa no deriva en un proceso de deportación inmediata y masiva a partir del 10 de septiembre, pero sí coloca a los afectados en una situación de alta vulnerabilidad.
Con la pérdida automática de la vigencia de sus permisos de trabajo asociados al TPS, quienes no cuenten con trámites migratorios paralelos, como solicitudes de asilo pendientes o peticiones familiares, comenzarán a acumular presencia irregular en territorio estadounidense, arriesgándose a sanciones de permanencia y eventuales expulsiones.
Esta decisión genera además un severo dilema social por la amenaza de fractura en miles de hogares establecidos en el país norteamericano. Se calcula que más de 150 mil niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos, poseedores de la ciudadanía estadounidense, tienen al menos a uno de sus padres amparado por el TPS.
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Dado que los menores no pueden ser deportados pero sus progenitores pierden la legalidad, multitud de núcleos familiares quedan expuestos a la separación o al retorno forzado a una nación desconocida para sus hijos.
A nivel macroeconómico, el cese del estatus legal supone un fuerte impacto tanto para la economía estadounidense como para la salvadoreña. En Estados Unidos, los amparados por el TPS, concentrados principalmente en industrias estratégicas como la construcción, el transporte, la manufactura y los servicios, generaban una contribución económica neta superior a los 5,400 millones de dólares anuales tras el pago de impuestos. La pérdida de esta fuerza laboral golpeará a diversos sectores productivos locales de forma inmediata.
Por su parte, la economía de El Salvador se enfrenta a una amenaza directa debido a la previsible caída en el flujo de remesas familiares, las cuales representan más del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
La drástica reducción de estos ingresos devueltos desde el exterior podría intensificar los niveles de pobreza estructural en el país centroamericano, obligando al gobierno local a recurrir a gestiones de crédito extraordinario ante organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para amortiguar el golpe financiero.
