La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este viernes al Gobierno de Nicaragua que revise las reformas que el Parlamento, dominado por el partido oficialista, ha aprobado y que otorgan poder prácticamente absoluto al presidente Daniel Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, hasta ahora vicepresidenta y que en adelante será «copresidenta».
Estas reformas «ahondarán el retroceso en el área de los derechos políticos y civiles», declaró el portavoz del organismo, Jeremy Laurence, en una rueda de prensa en Ginebra.
La reforma erosiona el equilibro en el Poder Ejecutivo
Enfatizó que los cambios aprobados a la Constitución causarán una erosión aún mayor de un sistema de controles y equilibro de poderes que ya era sumamente frágil en relación con el Poder Ejecutivo.
El texto legal, aprobado por unanimidad, sin abstenciones ni votos en contra, por los 91 miembros de la Asamblea Nacional.
La ONU ha señalado que la reforma, junto con leyes aprobadas en los últimos meses de 2024, «refuerzan mecanismos de control y represión», a nivel nacional y transnacional, contra individuos y organizaciones.
La ONU preocupada por el suprapoder de Ortega-Murillo
La enmienda establece que Nicaragua es un Estado «revolucionario», libre, soberano, independiente, que reconoce a la persona, la familia y la comunidad como protagonistas de la «democracia directa», que el poder revolucionario lo ejerce el pueblo de forma directa, y el pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, fiscalía de cuentas y los entes autónomos.
La Presidencia de la República dirigirá al Gobierno y como Jefatura de Estado coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales, según la norma.
También que la Presidencia es la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
Además que la Presidencia se va a integrar por un copresidente y una copresidenta, que ejercerán sus funciones por un período de seis años, y podrán nombrar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.
