El Tribunal Constitucional de Taiwán emitió este viernes un fallo ratificando la constitucionalidad de la pena de muerte, un tipo de sentencia que todavía se aplica en la isla y que cuenta con un amplio respaldo social, aunque pidió restringir su uso a los crímenes más graves.
La sentencia, aprobada de forma mayoritaria por doce de los quince jueces del tribunal, continúa parcialmente la tendencia histórica del máximo órgano judicial de la isla, que se había pronunciado a favor de la pena capital hasta en tres ocasiones en el pasado.
De esta forma, los magistrados rechazaron las peticiones de abolición presentadas por los 37 condenados a pena de muerte con sentencia firme en Taiwán, para quienes la aplicación de este castigo constituía una violación del artículo 15 de la Constitución, en donde se señala que “los derechos a la existencia, al trabajo y a la propiedad privada” están “garantizados” por la ley fundamental.
Los detalles de la resolución judicial
El fallo de este viernes define el homicidio intencional como el “tipo de crimen más grave que infringe el derecho a la vida” de las personas, siendo la pena de muerte la “máxima sanción” para aquellos casos en los que las circunstancias del delito “sean las más graves y cumplan con los requisitos del debido proceso legal conforme a la Constitución”.
“Dentro de este marco, (la pena capital) no contraviene el propósito de la Constitución que protege el derecho a la vida de las personas”, sostuvo el dictamen judicial, echando por tierra el principal argumento de los 37 reos condenados a muerte.
Con todo, el Tribunal Constitucional reconoció que el Código Penal de Taiwán “no hace distinción en cuanto a la gravedad de las circunstancias del delito” (de homicidio), algo que no se ajusta al principio de culpabilidad y que, por lo tanto, resulta inconstitucional.
“La falta de disposiciones relevantes en el Código de Procedimiento Penal contraviene el propósito de la Constitución que protege el derecho a la vida, el derecho de defensa del acusado y los principios del debido proceso legal. Las autoridades pertinentes deben modificar las disposiciones relevantes dentro de dos años a partir de la fecha de esta sentencia”, señaló el documento.
Los magistrados también establecieron varias condiciones para decretar la pena de muerte, entre ellas que sea decidida unánimemente por parte del tribunal competente, y prohibieron su aplicación para personas con “discapacidades intelectuales” o “enfermedades mentales”.
Respaldo social a la pena de muerte
En Taiwán, la pena capital era aplicable para una amplia variedad de delitos, como asesinato, robo violento con homicidio, secuestro o tráfico de estupefacientes.
Con todo, este castigo solo se estaba decretando para algunos casos de asesinato, y de manera muy puntual: durante los últimos ocho años de gobierno del Partido Democrático Progresista (PDP), tan solo dos personas fueron ejecutadas en Taiwán, cifra que contrasta con las más de 250 muertes registradas en la década de los 90 del siglo pasado.
La decisión del máximo tribunal está en línea con la postura de una sociedad taiwanesa que, pese a defender visiones progresistas en una amplia variedad de asuntos sociales, aboga por el mantenimiento de la pena capital: cerca del 86 % de los ciudadanos isleños está en contra de abolir la pena de muerte, según un estudio realizado por el Centro de Investigación Criminal de la Universidad Nacional Chung Cheng en 2023.
Actualmente, 45 personas, entre ellas ocho cuyas sentencias todavía están pendientes de apelación, se encuentran en el corredor de la muerte en Taiwán.
