Los senadores estadounidenses Jim Risch, miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado; Bill Cassidy, Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scott, Tim Scott y John Cornyn dirigieron una carta al presidente Joe Biden para pedir que responsabilice al ex presidente de Ecuador, Rafael Correa por cometer actos de corrupción y vulnerar derechos humanos.
Según los senadores, el Congreso de los Estados Unidos realiza esfuerzos legislativos bipartidistas para profundizar las relaciones bilaterales con Ecuador. Los representantes aseguraron que las relaciones entre ambos países han logrado avances significativos desde el 2017 “para fortalecer sus instituciones democráticas y promover el crecimiento económico”. En ese escenario, explicaron los senadores: “Creemos que se deben reforzar estas medidas bipartidistas responsabilizando inmediatamente al ex Presidente de Ecuador, Rafael Vicente Correa Delgado, por su participación en actos de corrupción significativa y violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador”.
Para esto, los representantes piden a Biden que utilice la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado para sancionar a Correa. Estos instrumentos restringen los viajes internacionales y suspenden el ingreso a los Estados Unidos, como inmigrantes o no inmigrantes, de ciertas personas que han cometido, participado en, o son beneficiarios de corrupción en el desempeño de funciones públicas. Además de considerarlos no elegibles para la visa estadounidense a los implicados en estos actos y a sus familiares directos.
En la carta, los senadores recordaron a Biden que el 7 de abril de 2020, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador condenó al Correa a ocho años de prisión en el caso de corrupción Sobornos, 2012-2016. El tribunal de justicia, se lee en la comunicación, “encontró que Correa era el líder y cerebro de una “estructura criminal” que incluía a su vicepresidente Jorge Glas y otros 18 altos socios gubernamentales y empresariales”. Los políticos estadounidenses indicaron que Correa y sus aliados aceptaron millones de dólares en pagos ilícitos de entidades locales y extranjeras, como Odebrecht “a cambio de otorgar ilegalmente importantes contratos gubernamentales para la infraestructura crítica de Ecuador y recursos naturales, incluso dentro de la petrolera estatal Petroecuador”.
