Las autoridades de Nicaragua despojaron de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, con lo que suman 317 en la última semana, incluido el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión tras negarse a ser desterrado por el Gobierno del presidente Daniel Ortega a territorio estadounidense.
Los otros son los 222 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos el 9 de febrero pasado. Grupos de derechos humanos describen la medida como una violación del derecho internacional sin precedentes en Occidente.
La orden, leída el miércoles por el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, afecta a los nicaragüenses que viven en el exterior, pero también a algunos que aún residen en el país. “Soy nicaragüense por la gracia de Dios… si creen que me van a poner de rodillas, están enredados. ¡Viva Nicaragua!”, el periodista Álvaro Navarro, que se encuentra en este nuevo grupo nicaragüenses declarados apátridas.
En la lista de 94 personas desterradas, que fueron acusadas por delitos considerados “traición a la patria”, además de Ramírez, Belli y el obispo Báez, sobresale el excomandante de la revolución Luis Carrión o la veterana defensora de los derechos humanos Vilma Núñez, el excanciller Norman Caldera o el exmagistrado sandinista Rafael Solís.
También incluye al exembajador de Nicaragua ante la OEA Arturo McFields, al académico Ernesto Medina, al exministro de Educación Humberto Belli, a la investigadora Elvira Cuadra y a los políticos opositores Kitty Monterrey, Eliseo Núñez, Enrique Sáenz y Edipsia Dubón.
Los periodistas Carlos Fernando Chamorro, Sofía Montenegro, Luis Manuel Chavarría Galeano, Jennyfer Ortíz, Lucía Pineda Ubau, Patricia Orozco, Camilo de Castro, y el corresponsal del diario español El País Wilfredo Miranda también fueron castigados.
Asimismo, la lista contiene los nombres de dos antiguos colaboradores del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega: Julio López y Mónica Baltodano; así como de defensores de derechos humanos, sacerdotes, ambientalistas, disidentes sandinistas, estudiantes, empresarios y comerciantes, entre otros.
En esa resolución, se ordena además “la inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua de todos los bienes inmuebles y sociedades que los procesados tengan inscrita a su favor”.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. El país, altamente dependiente y castigado por las sanciones debido a la represión, sufre una grave crisis económica.
