La defensa del ingeniero Roberto David Castillo, acusado en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”, habría invocado a las autoridades hondureñas un apego para ser favorecido mediante el decreto de amnistía 04-2022.
Castillo, implicado en el crimen de Berta Cáceres, considera que la amnistía política aprobada por el Congreso Nacional el pasado 2 de febrero le aplica.
Un comunicado de la defensa detalla que Castillo amerita la prerrogativa por haber trabajado en el gobierno de Poder Ciudadano y su acusación tiene motivación política.
El mencionado está causado por los delitos de fraude y uso de documentos falsos en relación al licenciamiento del proyecto “Agua Zarca” sobre el río Gualcarque.
La petición a favor de Castillo reconoce que tras el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya, se agudizó una persecución política.
Además, señala que la criminalización fue contra los funcionarios que apoyaron la gestión de Zelaya y reprobaron el rompimiento del orden constitucional.
“Entre los funcionarios perseguidos, lamentablemente fue víctima el señor David Castillo”, afirma el escrito. También expone que, contra él, “la Fiscalía ha promovido procesos donde la parcialidad ha sido sin precedentes”.
La solicitud señala que Castillo trabajó en el gobierno de Zelaya desde 2006 y recuerda que, en 2007, Zelaya lo nombró interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
En ese contexto el denominado Caso Fraude al Gualcarque es un caso “altamente político”, subraya el equipo legal de Castillo.
A su defendido, menciona, se le acusa de haber cometido el delito de fraude y falsificación de documentos, desde aproximadamente el año 2008 al 2010.
