Al menos mil millones de lempiras serán las repercusiones para el Estado al reintegrar al 85% de los entes policiales que fueron destituidos de sus cargos sin contar con un antecedente penal.
Dicha acción se llevo acabo por la comisión depuradora, la cual en varios procesos supuestamente se violaron los derechos de muchos policías y que, ahora, interpusieron una demanda para su reintegro y una indemnización.
