La Fiscalía de Nicaragua anunció el lunes (31.01.2022) la reapertura de juicios contra 46 opositores al gobierno de Daniel Ortega, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia, presos por cargos como “menoscabo a la integridad nacional” y lavado de dinero.
A partir del martes 1 de febrero “se realizarán los juicios orales y públicos de los acusados que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ)”, conocida como El Chipote, “y de aquellos que se encuentran con arresto domiciliar”, dijo la Fiscalía en un comunicado en el que calificó a los reos de conciencia como “criminales” y “delincuentes”.
El Ministerio Público no precisó el lugar donde se celebrará cada juicio ni si habrá acceso a familiares y medios de comunicación. Varios procesos se habían iniciado en septiembre de 2021, pero luego se suspendieron sin explicaciones.
En tanto, un grupo de familiares de opositores presos demandaron el lunes al gobierno que anule los juicios contra sus parientes y ordene “la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas, con pleno goce de sus derechos y garantías constitucionales”.
Los opositores fueron detenidos entre julio y diciembre, la mayoría antes de los comicios de noviembre cuando Ortega consiguió su cuarto mandato consecutivo. Serán procesados “por cometer menoscabo a la integridad nacional, por haber recibido recursos de fuentes extranjeras para cometer los delitos de lavado de dinero, bienes y activos”, señaló la Fiscalía.
Entre los presos hay dirigentes políticos, estudiantes, periodistas, empresarios y miembros de la sociedad civil a quienes la Fiscalía acusa de promover “actos terroristas y un intento de golpe de Estado en el 2018”. En aquel año, miles de personas participaron en protestas contra el gobierno de Ortega que fueron sofocadas con violencia con un saldo de 355 muertos y 2.000 heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, en entrevista con la agencia AP, la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó de “insólito” el comunicado del Ministerio Público y consideró que los calificativos utilizados contra los presos políticos “vaticinan una segura condena contra personas inocentes”.
“Nadie se debe llamar a engaño: estos no son juicios, son farsas represivas que el régimen utiliza para emitir sentencias condenatorias y seguir intimidando a la población hasta su sometimiento total”, afirmó la jurista.
Núñez exigió “la liberación inmediata y definitiva de todas las personas presas políticas” y advirtió que el gobierno de Ortega ha puesto en marcha “un plan de exterminio” de los opositores detenidos. “Al someterlos a tortura, sin alimentación ni medicinas adecuadas, están creando las condiciones para privarlos de la vida y estos juicios son parte de todo eso”, aseveró.
