“No puedo ir al extranjero, llegar a una universidad y decir aquí vengo, el Estado violentó mis derechos y no tengo notas. Ninguna universidad acepta eso”, dice “María”, 20 años, una estudiante de Ciencias Políticas, expulsada de su universidad por su activismo en las protestas de 2018. Pide anonimato. “Por seguridad”, explica.
Las universidades públicas de Nicaragua expulsaron oficialmente a 144 estudiantes, como parte de la ola represiva que desató el régimen de Daniel Ortega contra quienes participaron en las protestas que pedían su renuncia a partir de abril de 2018. Todos ellos quedaron en un “limbo académico”. Después de más de tres años no pueden reingresar a sus universidades ni pueden aplicar a otras universidades de Nicaragua o el extranjero porque, junto con la expulsión, a la mayoría le borraron sus expedientes y se le niega el certificado de notas necesario para refundar sus carreras.
Las razones para sus expulsiones fueron diversas, pero una de las principales fue “terrorismo y destrucción de bienes públicos”.
“El plenario decidió expulsión de manera definitiva de la UNAN Managua a dichos bachilleres por haber sido participantes activos en tranques, uso de artefactos para la agresión física, permitir el ingreso a personas ajenas a la institución, comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades, laboratorio, quema del Centro de Desarrollo Infantil (CDI Arlen Siu), robo de equipos de oficina, destrucción y robo de vehículos de la UNAN Managua, así como el llamado a la desobediencia académica e incitar al odio y la violencia”, describió el secretario general de la UNAN Managua, Luis Alfredo Lobato, en una carta del 20 de agosto de 2018 en la cual confirma la expulsión de 82 estudiantes la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, sede Managua (UNAN Managua).
“Nunca pensé que interesarme en una manifestación me cambiaría la vida por completo; porque fue la inspiración de esas y esos estudiantes soñando un mundo mejor, lo que me llevó el 19 de abril a salir a protestar y arriesgar todo lo que tenía, incluso la vida, por la esperanza de construir un mejor futuro”, expone Yaritzha Juddyth Rostrán, estudiante del quinto año de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UNAN Managua, apresada y expulsada de su carrera, en un testimonio recogido en el documento titulado “Banda contestaria”.
En la cárcel, donde fue torturada, es que se enteró de su expulsión. “Fue ahí donde recibí la noticia más dolorosa en toda esta lucha, me habían quitado toda posibilidad de recuperar mi vida, me expulsaron sin derecho a apelación ni manera de retirar mis calificaciones o trasladarme de universidad. El sueño que mantuve durante años de ser una profesional, ayudar a mi mamá y mis hermanas, me fue arrebatado en el momento más vulnerable de mi vida”.
