1.- El Poder Judicial, a través de la Supervisión General, habiéndose iniciado la primera fase del plan a desarrollar en el Circuito del Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, teniendo esta inspección general como punto de partida la fecha de unificación como Circuito hasta el día viernes veintitrés (23) de agosto de dos mil veinticuatro (2024).
2.- Se entrevistó por parte de los inspectores asignados a esta labor a los Jueces y Juezas, así como al personal auxiliar de este ente jurisdiccional, obteniendo como resultado una lista de necesidades y la asignación de las causas ingresadas.
3.- Se logró avanzar con la verificación de cada una de las causas que se encuentran bajo el conocimiento de los Jueces y Juezas de Letras con Jurisdicción Nacional; de la carga del año dos mil veinticuatro (2024) que asciende a un total de 307 Expedientes Judiciales, se inspeccionaron un total de 256 expedientes, de los cuales 127 son contentivos de Requerimientos Fiscales, 90 de Diligencias Previas y 39 de causas remitidas o acumuladas a otros órganos judiciales de la materia (Tribunal de Sentencia, Corte de Apelaciones Penal y Juzgados de Ejecución).
4.- Entre los hallazgos relevantes se destacan Reprogramaciones Injustificadas de Audiencias Preliminares en tres (03) causas judiciales de delitos relacionados con Tráfico de Drogas, Tenencia legal de Armas de Uso Prohibido, Asociación para Delinquir, y Contrabando; asimismo, Audiencias de Revisión de Medidas en las que se han otorgado Medidas Cautelares diferentes a la Prisión Preventiva, y en las que se ordenó la Constitución de Garantía Hipotecaria a favor del Estado de Honduras, pero no consta que se haya inscrito el respectivo gravamen en el Instituto de la Propiedad (IP), esto en casusas por delitos de Lavado de Activos, Tráfico de Influencias y Asesinato.
5.- Quedan pendientes para la semana siguiente la revisión de 52 expedientes del año 2024 y los correspondientes al dos mil veintitrés (2023). Todas las revisiones realizadas, permiten verificar la observancia del debido proceso y descartar o iniciar una investigación individualizada ante la aparente comisión de una falta.
