Cada vez hay más pedidos de que Joe Biden utilice sus poderes de clemencia presidencial antes de dejar el cargo para salvar las vidas de 40 presos federales condenados a muerte que corren peligro de ejecución inminente cuando Donald Trump regrese a la Casa Blanca.
Los abogados de muchos de los condenados están pidiendo clemencia al presidente a través de los canales oficiales, instándolo a conmutar sus sentencias de muerte por cadena perpetua. Los principales grupos de defensa y personas afectadas por la pena capital también están haciendo peticiones urgentes para que Biden actúe en las 10 semanas que le quedan en la Oficina Oval.
Trump ha dado señales de que autorizará una serie de ejecuciones de todos los reclusos condenados a muerte por el gobierno estadounidense como uno de sus primeros actos tras su investidura el 20 de enero. La serie de ejecuciones judiciales sería una continuación de las 13 ejecuciones federales llevadas a cabo al final del primer mandato de Trump.
La repentina explosión de ejecuciones de Trump , llevada a cabo durante seis meses entre 2020 y 2021, fue el período más intenso de ejecuciones judiciales federales bajo cualquier presidente en más de 120 años.
“Le rogamos al presidente Biden que salve estas vidas, para que Trump no tenga la oportunidad de otra ola de asesinatos, porque eso es lo que ocurrirá”, dijo la reverenda Sharon Risher, hija de Ethel Lance, una de los nueve fieles negros asesinados a tiros en 2015 por un supremacista blanco durante una clase de estudio bíblico en una iglesia en Charleston, Carolina del Sur .
Risher, que preside el grupo abolicionista Death Penalty Action, dijo que conocía íntimamente los “sentimientos personales de querer que alguien desaparezca de la faz de la tierra”, pero ha llegado a la conclusión de que ejecutar al asesino de su madre, que es una de las 40 personas condenadas a muerte en el país, sería un error, porque “no es necesario matar para demostrar algo”.
Las principales organizaciones de derechos civiles también se han pronunciado con contundencia. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ha dado prioridad a la suerte de los 40 condenados como su principal prioridad en las próximas semanas, centrada en una petición que pide al presidente que “conmute la pena”.
“Este es el momento de que Biden consolide su legado moral, conmutando todas las sentencias de muerte federales”, dijo Yasmin Cader, directora jurídica adjunta de la ACLU.
El poder de conmutación de la pena de Biden es una de las herramientas más concretas que tiene para salvaguardar sus valores antes de entregarle el poder a Trump. Durante su campaña presidencial de 2020 se comprometió a eliminar la pena de muerte federal, pero desde entonces ha guardado un silencio casi absoluto sobre el tema.
Su fiscal general, Merrick Garland , impuso una moratoria a todas las ejecuciones federales en 2021.
“Conmutar todas las sentencias de muerte sería lo único que Biden podría hacer para cumplir su deseo declarado de poner fin a la pena de muerte federal”, dijo Abraham Bonowitz, director ejecutivo de Death Penalty Action. “Una vez que un presidente conmuta la sentencia de alguien, eso no se puede deshacer”.
Los 40 presos condenados son todos hombres; la única mujer condenada a muerte en el país, Lisa Montgomery, fue ejecutada en la última semana de la presidencia de Trump. Están recluidos en la unidad de confinamiento especial, como se conoce al corredor de la muerte federal, en Terre Haute, Indiana.
Además del tirador de Charleston, se incluyen el atacante del maratón de Boston de 2013 y el hombre que mató a 11 fieles judíos en un ataque antisemita en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh en 2018.
Además de los asesinos más notorios, en el corredor de la muerte federal también se encuentran presos hombres cuyos casos son poco conocidos, pero cuya presencia en la unidad revela profundas fallas e inequidades en el sistema. La composición de la prisión está impregnada de prejuicios raciales.
Aunque los adultos negros representan el 10% de la población estadounidense, constituyen el 38% de los 40 condenados a muerte a nivel federal, y más de la mitad del total de reclusos son personas de color. Algunos de esos hombres negros fueron condenados a muerte por jurados compuestos exclusivamente por blancos.
De las 13 personas ejecutadas durante el primer mandato de Trump, más de la mitad eran negros o nativos americanos. Dos tenían discapacidades intelectuales, lo que debería haberlos eximido de la pena de muerte según la Constitución estadounidense, y otras dos sufrían enfermedades mentales tan graves que sus abogados argumentaron que no eran legalmente competentes para ser ejecutadas.
El Proyecto 2025 , el manifiesto para un segundo mandato de Trump elaborado por la derechista Heritage Foundation, propone que la administración debería “lograr la sentencia definitiva” para todos los prisioneros que siguen en el corredor de la muerte federal. Trump también ha pedido que el castigo máximo se extienda a los traficantes de drogas y personas.
