La ciudad de Orlando, en Florida, someterá a votación este lunes una resolución que de ser aprobada impediría a la Policía preguntar a los inmigrantes indocumentados sobre su estatus, para que puedan acudir a las autoridades sin temor a ser detenidos cuando son víctimas de delitos.
Los comisionados votarán a las 2:00 pm sobre la llamada Política de Ley de Confianza. Si el proyecto logra ser aprobado, Orlando se convertirá en la primera ciudad del sur de Estados Unidos en adoptar ese tipo de marco legal, uniéndose así a otras urbes como Filadelfia, Chicago y Boston, informó la Trust Orlando Coalition.
Esa organización explicó que la medida evitaría que los inmigrantes indocumentados residentes en Orlando sean detenidos debido a su estatus.
“Y exige que todos los residentes de la ciudad reciban el mismo trato en el acceso a los servicios de la ciudad y que las víctimas indocumentadas de delitos puedan presentarse y exigir justicia sin temor a ser detenidas basándose únicamente en su estatus migratorio”, dijo.
Los grupos que integran esa coalición, cerca de 38 organizaciones, libraron una campaña durante más de un año para que los comisionados tomaran en consideración esa política.
El comisionado Tony Ortiz dijo que el Departamento de Policía de Orlando ya tiene una política libre de prejuicios que prohíbe la discriminación, pero se espera que el Concejo Municipal vote el lunes sobre una resolución que amplía ese aspecto, según el diario OrlandoSentinel.
“Más que nada, estamos experimentando una serie de delitos en los que los delincuentes están escapando”, dijo Ortiz, que trabajó como agente de la Policía de Orlando durante 14 años.
“[Los delincuentes] se aprovechan de las personas indocumentadas, y la triste realidad es que los inmigrantes indocumentados temen tanto al sistema que no están participando para encontrar a esas personas y enjuiciarlas”, señaló.
Dijo que había oído hablar de allanamientos de moradas en su distrito, que incluye gran parte del corredor de Semoran Boulevard, donde las víctimas indocumentadas no querían ayudar a juzgar a los sospechosos por temor a ser deportadas.
La política prohibiría a los agentes de Policía preguntar a las personas que obedecen la ley sobre su estado migratorio durante las investigaciones y también se aplicaría a las víctimas de delitos, aquellos que informan incidentes y a testigos.
También se extiende a los detenidos por infracciones de tráfico leves y a los que colaboran con las investigaciones judiciales.
El Departamento de Policía también considerará firmar una solicitud de certificación de “Visa U” si alguien es víctima de un delito que califica y ha sido útil en la investigación o enjuiciamiento del mismo, dice la resolución.
Esos inmigrantes pueden solicitar la visa especial, luego una tarjeta verde y finalmente solicitar la ciudadanía, según ese medio.
