Para la Cancillería venezolana, el informe entregado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación que se vive en Venezuela es arbitrario y politizado. Por lo que la administración de Maduro lo desestimó por completo.
El informe sugiere una intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves abusos cometidos y la impunidad generalizada en Venezuela.
Por su parte, la Cancillería publicó un comunicado en el que señala que el informe es el “resultado de una metodología altamente cuestionable que sepulta la credibilidad y rigor técnico exigido a una Oficina de esa naturaleza, vulnerando los principios de objetividad e imparcialidad”. Asimismo, señaló que el Alto Comisionado, “en su marcada obsesión contra Venezuela”, omite “deliberadamente” actuaciones y conclusiones de “procedimientos especiales del propio Consejo de Derechos Humanos, que desmontan las calumnias del reciente informe”.
Así, el Gobierno venezolano aseguró que el comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, se hace cómplice de “la agresión multiforme que está en marcha contra Venezuela”, al no decir nada sobre las sanciones económicas que otros gobiernos han impuesto a Caracas en los últimos meses y descartar intencionalmente toda la información que el Gobierno Bolivariano le hizo llegar.
Este es el segundo informe a distancia que presenta el alto comisionado, y en el que son denunciados cientos de homicidios, presuntas ejecuciones sumarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes, torturas y detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad.
Concretamente, el informe documenta las presuntas ejecuciones sumarias de al menos 505 personas a manos de las fuerzas de seguridad con un mismo patrón: incursiones en los barrios pobres con el fin de detener a los criminales sin orden judicial y manipulación del lugar de los hechos para simular enfrentamientos.
MN (efe, dpa)
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