El fabricante de medicamentos Pfizer dijo el viernes que, cuando los contratos gubernamentales lleguen a su fin —posiblemente a principios del año que viene—, su vacuna contra el covid-19 se venderá a un precio de entre US$ 110 y US$ 130 por dosis.
Este modelo de precios se debe al aumento de los costes de distribución, así como al cambio previsto de viales multidosis a monodosis.
Este es el “precio de lista comercial”, pero la empresa dice que no prevé que la mayoría de la gente tenga que pagarlo de su bolsillo. También señaló su programa de asistencia al paciente, que ayuda a las personas sin seguro a obtener las vacunas.
Por ahora, las vacunas contra el covid-19 siguen estando disponibles de forma gratuita. Pfizer afirma que prevé que el precio de la vacuna pueda entrar en juego cuando la distribución y el reembolso pasen de los contratos gubernamentales al sistema sanitario tradicional, ya en el primer trimestre de 2023.
Un análisis publicado por la Kaiser Family Foundation esta semana señala que, sin financiación o protecciones adicionales, la comercialización de la vacuna contra el covid-19 crearía barreras de acceso a las vacunas, las pruebas y las terapias, especialmente para las personas sin seguro o con un seguro insuficiente.
Dos cambios clave conducirán a la comercialización: el fin de la declaración de emergencia de salud pública del Gobierno estadounidense y el agotamiento del suministro comprado por la administración federal. Cada cambio crea sus propios desafíos y, en conjunto, “pueden amplificar los problemas de acceso”, dice el análisis.
Ninguno de los dos cambios se ha producido aún. La declaración de emergencia de salud pública se renovó la semana pasada por otros 90 días, pero el Congreso aún no ha actuado sobre la solicitud de la administración de Biden de miles de millones más de dólares de fondos para garantizar un suministro constante y accesible de medidas contra el covid-19.
Una gran parte de la petición del gobierno es una “solicitud crítica” de recursos para apoyar el desarrollo de nuevas vacunas y tratamientos que puedan resistir futuras variantes del coronavirus, dijo Dawn O’Connell, secretaria adjunta de preparación y respuesta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.
“Eso nos sacaría del ciclo de auge y caída de casos”, dijo en una sesión informativa celebrada el miércoles en el KFF.
El objetivo es evitar una situación como la del invierno pasado, cuando hubo una escasez de pruebas por falta de previsión para la variante delta, dijo Jen Kates, vicepresidenta sénior y directora de política de salud global y VIH de KFF.
Otra parte de la financiación se destinaría a proteger a los no asegurados y a garantizar el acceso universal a las medidas contra el covid-19, dijo O’Connell.
Según el análisis de la KFF, una vez que se comercialicen las medidas, los adultos sin seguro perderían el acceso a las vacunas gratuitas. Pero los tratamientos y las pruebas se enfrentarían a los retos “más agudos”, con un reparto de costes que afectaría a la parte del coste que cubriría el seguro.
La transición a la comercialización siempre formó parte del plan, dijo O’Connell. Es la forma en que se abordan otras enfermedades en Estados Unidos.
“Pero el proceso es complejo”, afirmó. “Independientemente de si íbamos a conseguir la financiación por el covid, en algún momento íbamos a tener que hacer esta transición. Parte de la solicitud hace que esto sea un poco menos accidentado”, explicó.
